La Fiscalía General de la República (FGR) revisa las vías legales para utilizar el combustible incautado con el objetivo de evitar su almacenamiento prolongado y aprovecharlo de manera lícita, sin interferir en investigaciones en curso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Está almacenados por la FGR; la fiscal Ernestina Godoy está viendo de qué manera puede utilizarse de manera lícita ese combustible para que no se quede almacenado, a través de una desincorporación, pero en muchos casos se tiene que terminar la investigación”, dijo.
En Palacio Nacional, la mandataria resaltó que el huachicol fiscal ha disminuido, con base en las ventas de Petróleos Mexicanos y de privados.
Añadió que la Guardia Nacional y la Secretaría de Energía mantienen el monitoreo de tractocamiones para evitar el traslado del producto ilegal.
“¿Cuál es el objetivo del contrabando de combustible? No pagar impuestos, no pagar lo que corresponde al IEPS y al IVA. Entonces, ha disminuido muchísimo. Si alguien quiere volver a pasarse de vivo, hay vigilancia en las aduanas y se le detiene.
“La mayoría de los tanques que llevan hidrocarburo ya traen un QR, que es una instrucción de la Secretaría de Energía y de la Guardia Nacional, hay otros que no lo traen y se incauta el tractocamión, pero ha disminuido… es donde decimos ‘cero impunidad’”, detalló.
En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum sumaron 98 millones de litros asegurados, que equivalen a 616 mil barriles, dijo el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en el Senado, el 22 de octubre de 2025.
Tras el anuncio de la Presidenta, expertos señalaron que una alternativa es reintegrar el huachicol asegurado a los inventarios de Pemex, aunque es requisito indispensable revisar la calidad del producto antes de mezclarlo con almacenamientos existentes.
El CEO y director de la PetroIntelligence, Alejandro Montufar, explicó que aunque el volumen incautado sea de unos millones es poco en comparación con el estimado nacional (sólo las ventas en estaciones durante 2025 fueron de 62 mil millones de litros), el impacto puede ser significativo en regiones con falta de infraestructura y precios elevados.
El especialista en el mercado de los combustibles sugirió que una solución consiste en redirigir el hidrocarburo a estados como Baja California Sur, Baja California, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, donde los costos logísticos generan presiones al alza.
Montufar destacó que, más allá de que Pemex absorba el producto, otra opción es que el gobierno lo venda a interesados mediante subasta para comercializadores, importadores o estaciones de servicio.
También se puede utilizar en las flotillas del gobierno, como las de la fiscalía, logrando un ahorro en los recursos otorgados en el presupuesto anual.
Montufar consideró este combustible como un “producto valioso” y señaló que, en un contexto de precios altos, lo correcto es usarlo y llevarlo a regiones con problemas de infraestructura.
Sobre si esa mercancía asegurada puede ser utilizada, pese a que es parte de una investigación de la FGR, dijo que se deben revisar los mecanismos legales y la integridad del producto. No obstante, destacó que la voluntad del gobierno será clave para superar candados jurídicos y evitar retrasos en su aprovechamiento.
Por su parte, el CEO y fundador del laboratorio de control de combustibles Ciefsa, Andrés Gutiérrez, alertó que el producto tiene una duración almacenada de seis meses, en función de la hermeticidad del contenedor.
Por separado, el experto en términos legales y energéticos, Santiago Arroyo, dijo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el momento en que las fiscalías, incluida la FGR o las estatales, actúan en auxilio de la Federación, lo incautado se tiene que inventariar y resguardar.
“Cuando está resguardado e inventariado, se realizan análisis de peritajes con la finalidad de establecer qué tipo de combustible es, cuáles son sus características y tasarlo para determinar cuál es el valor de ese producto robado y, por ende, establecer un valor al proceso de imputación”, expresó.
Arroyo indicó que si se identifica a un propietario, la fiscalía está obligada a entregarlo, por ejemplo, si fue robado a Pemex o hurtado mientras era transportado por una empresa privada.
Detalló que si pasados 90 días nadie lo reclama, se pone a disposición del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y de ahí “se integra a los inventarios de Pemex, o bien, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado puede disponer de la mercancía para el servicio de las instituciones, por ejemplo para movilizar tropas o personal de la Guardia Nacional o de Marina”.
“Desafío mayor”
Regina Barrera, especialista de la Universidad de Navarra, sostuvo que el mercado fraudulento de combustible en México representa uno de los mayores desafíos para el país, afectando al desarrollo del sector energético y financiando el crimen.
Destacó que en la última década el problema del huachicol se ha disparado y, aunque, hay algunos periodos con retrocesos, las medidas de las autoridades no lo han frenado.
“El problema viene de lejos, conocido como un delito local antes de convertirse en un desafío estructural con implicaciones económicas, sociales y de seguridad. Inició con perforaciones esporádicas… pero la poca supervisión facilitó su extensión”.
