NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).— A ocho años de un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina que dejó más de 54 víctimas en esta frontera, familiares continúan sin localizar a 32 personas, entre ellas tres mujeres y dos menores de edad.
Este lunes, familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018 se reunieron en el Memorial ubicado en la Plaza 1º de Mayo, donde enviaron un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: “Seguimos esperando que los Marinos regresen a nuestros familiares”.
Entre las víctimas recordadas se encuentran Jorge Antonio Hernández Domínguez, Mark Moreno Salas, Julio César Viramontes Arredondo, quienes permanecen desaparecidos, así como Edgar Alberto Treviño Ochoa y el menor José Eugenio Hernández Romero, este último localizado sin vida por sus familiares.
Durante el acto, Ericka Arredondo expresó la desesperación de las familias ante la falta de avances en las investigaciones.
“A ocho años de distancia la FGR no ha localizado a ninguno de nuestros familiares, todavía seguimos buscando a 32 personas, entre ellas a mi hijo Julio César Viramontes Arredondo, ya estamos desesperadas, sentimos que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para nosotras”.
Deficiencias en la CEAV
Los familiares también denunciaron deficiencias en la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al señalar que los asesores jurídicos asignados carecen de experiencia y no cumplen con sus funciones ante el Ministerio Público.
Indicaron que no conocen las carpetas de investigación, “no asesoran a las víctimas ni proponen diligencias, limitándose únicamente a firmar documentos”.
Asimismo, señalaron que la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está próxima a cumplir seis años sin que se haya concretado una reparación integral del daño para las familias, lo que atribuyen a retrasos en la integración de expedientes ante instancias evaluadoras, pese a que las víctimas han entregado la documentación requerida.
En ese sentido, reprocharon que durante 2026 la CNDH no ha realizado reuniones de seguimiento, ni presenciales ni virtuales, con los afectados.
También denunciaron obstáculos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para realizar operativos en campo y búsquedas en vida en entidades vecinas.
“También queremos denunciar que la Comisión de Búsqueda de Personas está obstaculizando nuestras peticiones de organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, manifestó Erika Arredondo.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezado por Raymundo Ramos, se han documentado 54 víctimas de desaparición forzada derivadas de un operativo realizado en 2018 por la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES), entonces a cargo del almirante Marco Antonio Ortega Siu, sin que hasta la fecha exista una sentencia condenatoria firme contra los responsables.
Del total de víctimas, 19 fueron localizadas sin vida, incluyendo tres menores de edad y dos mujeres, mientras que tres personas (dos mujeres adultas y un menor) fueron encontradas con vida por sus familiares.
A la fecha, 32 personas continúan desaparecidas y sin ser localizadas por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.
