Organizadores del Mérida Open operaron el torneo ilegalmente durante tres años

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El torneo Mérida Open, organizado por GS Sports Management y avalado por la Asociación de Tenis Femenil bajo la etiqueta WTA 500, ha sido operado de manera irregular durante los últimos tres años al utilizar el nombre de la competición sin contar con los derechos legales para su uso y a pesar de ello explotar comercialmente la marca.

Encabezada por Gustavo Santoscoy Arriaga, GS Sports Management se autodenomina como la empresa número uno en eventos deportivos de Latinoamérica y está detrás de la realización del Guadalajara Open WTA 500, considerado el certamen estelar en su organización, que incluye el Riviera Maya Open de golf, así como torneos de pádel y competencias de surf.

En 2025 también operó los torneos de Puerto Vallarta y Querétaro en la categoría WTA 125, los cuales ya no aparecen en el calendario de 2026.

Desde hace casi dos años, Santoscoy Arriaga enfrenta una batalla en tribunales por su participación en el llamado Mérida Open sin los respectivos derechos comerciales del nombre, en una disputa que derivó en un fallo en su contra mientras se desarrollaba la edición 2026, realizado del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club.

En pleno torneo, dicha resolución judicial provocó que la comunicación institucional del mismo cambiara de Mérida Open a Mérida WTA 500, a pesar de que tanto el sitio oficial como sus redes sociales conservaran el dominio con el nombre arbitrariamente apropiado.

Ante esta situación, el equipo de atención a prensa del torneo pidió insistentemente a los representantes de los medios de comunicación acreditados que utilizaran en el material de su cobertura el término Mérida WTA 500 para referirse al certamen.

Proceso realizó una búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que aparece Francisca Félix Reyes como titular de la marca Mérida Open, en registro fechado el 31 de octubre de 2022, con una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2035.

De acuerdo con el título, la marca se aplica a organización de torneos de tenis, así como entretenimiento o alquiler de canchas en este deporte aplicadas a instalaciones deportivas, además de concursos, actividades educativas, servicios de juegos disponibles en línea por una red informática e incluso venta de boletos.

Francisca Félix Reyes figura en el Registro Público de Comercio como socia mayoritaria y administradora de Mexique Eventos SA de CV, empresa con experiencia en la realización de carreras pedestres en la república mexicana y que incursionó como promotora de tenis en la primera edición del Mérida Open en 2023.

Gracias a su sociedad con la agencia global de deportes y entretenimiento Octagon, propietaria de la franquicia del torneo, Gustavo Santoscoy buscó inversores para sacar adelante el proyecto de un certamen categoría WTA 250 en territorio mexicano hasta que encontró la alianza con Mexique Eventos, la cual después de evaluar distintas plazas en el país, decidió que la ciudad de Mérida era la adecuada para llevar a cabo el torneo.

Sin embargo, después de la primera edición, GS Sports Management rompió unilateralmente el vínculo con Mexique Eventos, a pesar de los contratos firmados que ligaban a la promotora con el torneo y la sede al menos por cinco años.

En 2025, el Mérida Open subió su categoría en el calendario de la WTA, pasando de la etiqueta 250, a 500, es decir, el tercer nivel en importancia en el circuito profesional de tenis femenil, sólo superado por los cuatro Grand Slams y los 10 torneos WTA 1000, lo que implica mayores ingresos para una organización operando en la ilegalidad.

Proceso contactó a Francisca Félix y a Tonatiuh Bravo, exdirector general de Mexique Eventos, quienes se negaron a comentar sobre la situación legal en curso, sin embargo, pudo confirmar que existen al menos dos procesos judiciales abiertos en contra de GS Sports Management en torno a su participación en el Mérida Open.

La disputa legal por los derechos del nombre se suma a la polémica generada hace unos días al ventilarse que la organización del torneo se había retrasado con el pago a las tenistas correspondiente a una bolsa de 1.2 millones de dólares repartido entre las jugadoras que se dieron cita en certamen, el cual fue ganado en su modalidad de dobles por la española Cristina Bucsa.

La controversia se desprende a partir del mensaje enviado por Nikki Rusch, coordinadora de premios de la WTA a las participantes, del cual el diario deportivo AS México obtuvo copia y publicó, en el que se señala que la retribución económica se había “retrasado inesperadamente”, disculpándose a nombre de la Asociación de Tenis Femenil por la situación.

Este inconveniente no ha sido el primer señalamiento por parte de las tenistas sobre un torneo organizado por GS Sports Management, en 2023, la empresa organizó en Cancún las Finales de la WTA, torneo estelar del calendario con el que se cierra el año tenístico y que está reservado para las mejores jugadoras de la temporada.

En aquella ocasión, a través de mensajes en redes sociales, figuras de la talla de Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Ons Jabeur manifestaron sus inconformidades por las condiciones de la cancha, la logística y organización en general con fuertes críticas hacia el seno de la propia WTA, la cual tuvo que admitir las fallas.

Asimismo, Gustavo Santoscoy ha figurado como un personaje que se ha beneficiado del uso de instalaciones públicas como el Complejo Panamericano de Tenis —sede del Guadalajara Open— o el Domo del Code Alcalde para la realización de eventos privados a través de convenios ventajosos y sin una contraprestación económica.