Reformas, nepotismo y bloqueos: los desencuentros de Sheinbaum con sus aliados

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Para la presidenta Claudia Sheinbaum no se trató de un revés el hecho de que el Poder Legislativo le haya bloqueado su reforma electoral. La mandataria asegura que triunfó por haber cumplido con la promesa de presentar algo que la ciudadanía pedía y voto por ella.

Aunque en anteriores ocasiones el rechazo a las iniciativas presidenciales no ha sido rotundo, sí ha enfrentado desencuentros con legisladores de la coalición con la que ganó Palacio Nacional, incluso con grupos sociales.

El primer caso fue la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que la presidenta envió a la Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2025, en materia de fortalecimiento del financiamiento de la institución y derecho a la vivienda para sus derechohabientes.

Además de cambios en el sistema del fondo de vivienda del ISSSTE, se planteaba incrementar las cuotas obrero-patronales con la idea de recaudar 11 mil 100 millones de pesos para orientarlos al mejoramiento de servicios de salud.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó –como también lo está haciendo estos meses previos al Mundial de Futbol– para evitar estos cambios que tocarían a todos los trabajadores del Estado, incluido el magisterio mexicano.

Tras varios amagos de paros y movilizaciones en la Ciudad de México, todavía para el 27 de febrero del año pasado, la presidenta Sheinbaum Pardo intentó convencerlos en reuniones privadas y de manera pública:

Este es un mensaje a los maestros de México: no vamos a nada que afecte a los maestros; al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a los maestros de México. Entonces, es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfianza (…) No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral.

La CNTE no aceptó los argumentos de la mandataria, continuaron las movilizaciones y los amagos y, finalmente, la presidenta tuvo que retirar dicha iniciativa.

Para el 19 de marzo de ese año, la titular del Ejecutivo anunció en su conferencia en Palacio Nacional: “La retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del Fovissste y algunos otros compromisos que establecí con los maestros de México”.

En ese momento, Sheinbaum también aseguró que su decisión no era un símbolo de derrota. “Quien crea que eso es una posición de debilidad, pues está buscando a alguien que no tiene sensibilidad con los maestros y esa no soy yo”.

La mandataria mantuvo diálogo directo con los dirigentes de la Coordinadora hasta mayo de ese año, tras el bloqueo de la CNTE a todos los accesos a Palacio Nacional, que en aquella ocasión impidió el ingreso de trabajadores y reporteros, por lo que la conferencia presidencial de ese día se realizó a distancia.

En ese momento la presidenta les advirtió que su gobierno no caería en provocaciones, pues, pese a tener fecha para reunirse con ella, cercaron Palacio Nacional. Como resultado de ello, la mandataria delegó el diálogo directo para las Secretarías de Gobernación y de Educación y no se volvió a reunir directamente con la disidencia docente.

En ese contexto, autoridades federales hicieron otras propuestas a la CNTE, que siguen sin ser aceptadas; además, la disidencia magisterial ya comenzó a cumplir su promesa de bloquear actividades rumbo al Mundial de Futbol, del cual México es una de las sedes, y apenas este marzo en curso ocuparon la cancha de futbol que se habilitó en toda la plancha del Zócalo capitalino. La CNTE insiste en el diálogo directo con la presidenta para terminar de cumplir las demandas de su gremio.

Desobediencia de aliados

Otra falta de apoyo del Poder Legislativo a las iniciativas presidenciales fue la reforma contra el nepotismo, que tenía la intención de aplicarse a partir de las siguientes elecciones, en 2027. El Senado se encargó de retrasar su aplicación hasta 2030.

Como una salida al encargo de la mandataria, Morena incluyó en sus estatutos medidas contra el nepotismo que deberán acatar todos los militantes que pretendan un cargo de elección popular para las elecciones intermedias del próximo año.

Pese a ello, los aliados del partido en el poder, como el PVEM, aseguran que ellos no observan las medidas contra el nepotismo y alistan la candidatura de Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, al gobierno de San Luis Potosí. Incluso, hace unas semanas el senador del Verde Manuel Velasco le levantó la mano en señal de triunfo.

En estos primeros días de marzo, Gallardo declaró a medios de comunicación que “en el Partido Verde tenemos nuestros estatutos y son diferentes a los de Morena”; y sobre el nepotismo aseguró que “se ha malinterpretado, y creo que se ha desvirtuado totalmente (el concepto) porque el nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Hay que revisar, en verdad, porque creo que se ha desvirtuado mucho el tema del nepotismo”.

Agregó a su consideración: “Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo. (Ruth González) sacó más votos en la elección del Senado que en la de gobernador”.

En respuesta, la mandataria federal hizo sus precisiones:

Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas; pero en esta (nepotismo) no. En enero, febrero de 2025 enviamos una iniciativa que prohibía que dejes o que sea candidato un familiar directo, después de la persona. Es decir, si un presidente municipal, el siguiente es su hijo, no se puede; tendría que esperarse tres años para poder ser candidato, entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar al otro familiar.

Sheinbaum recordó que hay “muchos casos en presidencias municipales donde la mamá luego le deja el hijo o la esposa, y luego el esposo y luego el hijo, y luego el otro hijo, y luego el cuñado… y luego todo se queda en la misma familia. Y particularmente, si va de manera directa: siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual está prohibido”.

Los detractores de la medida contra el nepotismo afirman que no están obligados a observarla porque el Congreso decidió aprobarla para 2030 y no en 2027.

“En este caso no estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo, después de la persona. Y no es un asunto mío. Si ponemos la encuesta, la gente tampoco está de acuerdo”, pues la idea es que no “se quede en la misma familia el poder por muchos años”, como ha sido el caso del Verde en San Luis Potosí.

“No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente pues que hay cosas que no deben ser”, insistió.

Sin embargo, Gallardo dijo que, si eso sólo aplica en 2027 para Morena, entonces en los estatutos del Partido Verde no están y, por lo tanto, es muy probable la candidatura de su esposa al gobierno del estado, donde tienen una base social y de sindicatos importante.

Rebelión interna

Dentro de Morena también hay quienes retan las propuestas presidenciales: el sanador morenista Saúl Monreal sigue en su decisión de postularse como candidato a gobernador de Zacatecas para suceder a su hermano, David; y pese a los llamados de Sheinbaum de que puede esperar seis años para competir, ha declarado en diversas entrevistas que acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si Morena confirma que no lo incluirá en la encuesta para definir la candidatura estatal, pues, asegura, no se le puede obstaculizar el derecho constitucional sólo por su apellido.

Al estilo del Partido Verde, el senador afirma que suceder a su hermano no es nepotismo.

Otra discrepancia en materia legislativa fue la de octubre de 2024, al inicio de su sexenio, cuando Morena en el Senado, bajo el liderazgo de Adán Augusto López, tuvo la intención de incluir una reserva en las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, relacionada con el control de listas de candidatos, que después se le llamó poder de veto.

La presidenta expresó su desacuerdo: “Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién, pero no, no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución”, y afirmó: esa reserva “se quitó”.

En efecto, horas después la bancada se retractó y la maniobra quedó en sólo una intentona.

Un caso más: en febrero de 2025 se movió una minuta conocida como “cobranza delegada”, atribuida al diputado de Morena Pedro Haces –quien después se deslindó de la misma–, que tenía la intención de “embargar” el salario de un trabajador que tenga un adeudo con un crédito bancario para obligarlo a pagar.

Sobre esta intención, la jefa del Ejecutivo fue tajante:

“Hay una ley que está en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obligue a un empleador a descontarle a los trabajadores el crédito vía nómina. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro (…) Yo espero que no la apruebe el Senado, y si la llegara a aprobar, la vamos a vetar”.

En ese contexto, en estas semanas llegó la iniciativa de reforma electoral que Sheinbaum Pardo retrasó por varios días, pues buscaba el aval de los aliados del Verde y del Partido del Trabajo antes de enviarla al Congreso para su votación, dado que necesita de las dos terceras partes de los votos por contener cambios constitucionales.

El 13 de marzo último la presidenta dijo que sabía de antemano que ni el Verde ni el PT darían su voto en favor y ha sido insistente en que será el pueblo el que sabrá quién apoyó su iniciativa y quién la rechazó.

La mandataria federal también fue clara al asegurar que los aliados de Morena quisieron conservar sus facultades para designar a los diputados plurinominales y evitar la desaparición de ese tipo de legisladores en el Senado; tampoco estuvieron de acuerdo en reducir el presupuesto a los partidos, agregó.

De esa manera, salvo Morena, en el Legislativo rechazaron la iniciativa presidencial; entonces, vino la segunda propuesta presidencial: el Plan B.

A los señalamientos de la mandataria, antes incluso de conocer la nueva propuesta, los dos partidos aliados (Verde y PT) manifestaron públicamente su beneplácito por ese “Plan B”.

Sobre la nueva iniciativa incluso emitieron de inmediato comunicados para respaldar la propuesta federal y, pese a las últimas declaraciones de la mandataria sobre lo que quieren los aliados, éstos dieron el sí parcial porque consideraron que, como parte de la “transformación”, deben ir contra los privilegios y con austeridad republicana.

En un comunicado por separado, la bancada del Verde acompañó el “manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, pero no abordó nada sobre resolver temas electorales mediante consultas populares.

Sin embargo, todavía para ese nuevo Plan B fue necesaria una reunión maratónica en la Secretaría de Gobernación con los partidos que darían la mayoría calificada para los cambios constitucionales, con los que de nuevo ha tenido que negociar para lograr un triunfo presidencial, al menos, en esta segunda propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Nuevo escollo

El Plan B propone topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE, de los órganos electorales locales y para los magistrados de tribunales electorales, así como la transparencia de remuneraciones de dirigentes de partidos; también busca que mediante convenios la Unidad de Inteligencia Financiera pueda revisar el origen de los recursos en los partidos.

Pese al respaldo anticipado, horas después de conocerse la nueva propuesta comenzaron los señalamientos de los mismos aliados y de la oposición: uno fue por omitir la paridad de género en las regidurías.

Otro más es por la campaña electoral que implica que la mandataria federal hable de la revocación de mandato, dado que su posición le permitiría hablar de este ejercicio que promueve Morena como un logro de la administración.

“O sea, ¿cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? (…) O sea, es como absurdo, ¿no? Si va a haber revocación, pues que se permita hablar (…) Lo que no se puede es cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación, de la persona que está sujeta a revocación”, dijo Sheinbaum Pardo para defender su reforma.

Para opositores, esa decisión implica la influencia en el voto que se podría tener con la imagen de la presidenta, emanada de Morena, en las boletas electorales de 2027, cuando se elegirán a diputados federales, 17 gubernaturas, congresos locales y una parte de los cargos del Poder Judicial.

En ese contexto, en el estire y afloje entre el Ejecutivo federal y sus aliados en el Poder Legislativo se han dado divisiones que podrían impactar las futuras alianzas de cara a las elecciones de 2027.