Suspenden a magistradas que ampararon a Eugenio Hernández para evitar extradición a EU
Las magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito emitieron resoluciones contrarias a las pruebas y corrigieron la plana a la defensa del exgobernador de Tamaulipas para evitar su extradición.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito por conceder un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, con el que evitó ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Se trata de las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas.
De acuerdo con el TDJ, las magistradas votaron por conceder el amparo a Hernández Flores emitiendo resoluciones contrarias a las pruebas contenidas en el expediente y corregir la plana a la defensa del exgobernador para evitar su extradición.
La extradición de Eugenio Hernández fue concedida desde marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), contra la que el exgobernador solicitó el amparo ante el juez Primero de Distrito en Tamaulipas que rechazó concederle la protección.
Hernández Flores tramitó un recurso de revisión contra la sentencia del juez Primero de Distrito y pidió que el magistrado Guillermo Cuatle Vargas, presidente del Colegiado, no interviniera en el asunto y finalmente fue el propio magistrado quien se excusó al considerar que su imparcialidad podía estar comprometida.
“El asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del juez federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria”, refirió el TDJ.
“Conforme a la normativa de nuestro país y a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión sobre la extradición de una persona es facultad del Poder Ejecutivo, pues es un acto que atañe a las relaciones con otros países basado en un principio de reciprocidad internacional, por lo que tal determinación constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional reservado al criterio del Ejecutivo Federal”.
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ, Rufino H. León Tovar, explicó que se consideró que la permanencia de las dos magistradas en el Tribunal Colegiado podía afectar gravemente la impartición de justicia al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo que deban resolver.
Por ello, mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF realiza la investigación correspondiente contra las magistradas, estas permanecerán suspendidas del cargo.
