Por: Alejandro Rusell.-
Coahuila Hoy.-
Sabinas, Coahuila.-
A partir de febrero, los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, conocidos como anexos, estarán obligados a reportar al Ministerio Público más cercano tanto los ingresos como las altas de sus pacientes, según lo establece una nueva regulación publicada el pasado 6 de enero en el Diario Oficial del Estado de Coahuila , esto lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la región carbonifera Diego Garduño Guzmán.
La disposición, contenida en el artículo 31 de la nueva legislación, señala que “todo ingreso, cualquiera que sea su tipo, deberá ser notificado al Ministerio Público más cercano al establecimiento, según corresponda, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a la admisión”. Además, precisa que dicha notificación deberá ser realizada por el médico del establecimiento.
La normativa también redefine la figura de los anexos, que ahora serán denominados Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA).
En el articulado correspondiente se establecen dos modalidades de ingreso a estos centros: voluntario y por caso de urgencia. Este último aplica cuando la persona afectada represente un peligro para sí misma o para terceros. No obstante, la ley estipula que, una vez estabilizada, deberá consultarse a la persona si es su voluntad permanecer en el ERETA.
La nueva legislación también endurece las reglas para garantizar los derechos de los usuarios. A partir de ahora, queda prohibido obligar a una persona a permanecer en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, así como buscarla fuera de las instalaciones.
De acuerdo con el artículo 40, el personal de los centros no podrá acudir a domicilios particulares para sustraer personas y trasladarlas a sus instalaciones. Asimismo, el artículo 41 prohíbe el uso de la fuerza física para el reingreso de personas a los centros de tratamiento.
Con estas disposiciones, el estado busca regular con mayor rigor la operación de los ahora denominados ERETAs y fortalecer la supervisión institucional en la atención de personas con adicciones.
