Buenos Aires. En el marco de una grave crisis a horas de comenzar un paro general, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, con adhesión del transporte y todos los gremios asociados, crecen las demandas de la prensa por las últimas medidas tomadas por el presidente, Javier Milei, con las cuales no sólo se impide el libre trabajo de los medios de comunicación sino que se responsabiliza a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de lo que les pueda suceder.
Como ha informado este periódico, los trabajadores de prensa han sido víctimas de las duras represiones de las fuerzas de seguridad que utilizan gas pimienta, balas de goma, golpes, detenciones violentas que, en los dos años y poco más de un mes del gobierno de Milei, han dejado numerosas víctimas.
Dos fotógrafos se encuentran entre los heridos, uno de ellos perdió la visión de un ojo y otros está aún por recuperarse de un disparo de granada de gas lacrimógeno, que fue apuntado directamente a su cabeza, acción por la cual hay está imputado un gendarme.
Ayer la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), con 40 años de trayectoria a nivel nacional, envió un comunicado en rechazo a un documento titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso” emitido por el ministerio de Seguridad Nacional, cuyas disposiciones “generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística y desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas”.
De manera aún más grave, trasladan a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes, añadió la organización.
ACERA hizo saber a las instituciones oficiales, a los colegas y a la opinión pública en general que “cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.
Sostiene también que “diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.
Asimismo recuerda que “la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades adopten medidas activas para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de hechos de notorio interés público, como las protestas sociales. La imposición de restricciones desproporcionadas o generalizadas constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos pilares fundamentales de todo sistema democrático.
Por último ACERA instó al ministerio de Seguridad Nacional a reconsiderar los términos del comunicado mencionado y a adecuar sus directrices a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas.
En lo que va del gobierno del Milei, ACERA ha publicado varios comunicados para denunciar los abusos y promovió la solidaridad ante las víctima de las duras represiones policiales que han afectado a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de la prensa local.
