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Funcionaria de la CIDH vino a México a ‘discreta’ reunión contra Cuba

Rosa María Payá, activista anticastrista y actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha realizado en meses recientes visitas de carácter no institucional a México para reunirse con sectores de la derecha local, sin que haya constancia de que buscara reunirse con autoridades mexicanas ni de que tuviera alguna misión oficial en el país.

Una de sus estancias ocurrió el 22 de enero, cuando participó en el foro Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo, organizado en la Ciudad de México por la Universidad de la Libertad, fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, y patrocinado por el Centro Ricardo Salinas Pliego. En el encuentro intervinieron también el ex canciller Jorge Castañeda (2000-2003), el escritor Carlos Téllo Díaz –tataranieto de Porfirio Díaz– y la contrarrevolucionaria María Werlau, de Archivo Cuba, con sede en Miami, entre otros.

Payá participó con la charla La esperanza de la democracia, pero no difundió su presencia en redes sociales, ni hay registros del acto en los perfiles de las organizaciones auspiciantes. A diferencia de otras actividades de sus integrantes en distintos países, la CIDH no publicó comunicados ni reportes sobre una eventual agenda institucional de Payá en territorio mexicano en esas fechas.

Videos difundidos por asistentes a la conferencia la muestran cuestionando al gobierno cubano y señalándolo de impulsar proyectos regionales como el Foro de Sao Paulo y el llamado socialismo del siglo XXI.

La participación de Payá en el foro patrocinado por Salinas Pliego ocurre después de que el empresario presentó ante la CIDH, a mediados de enero, una denuncia contra el Estado mexicano por presunta persecución política y fiscal.

Fuentes diplomáticas señalaron que Payá realizó al menos otro viaje previo a México, también sin publicidad. No se conoce si en esas visitas ingresó haciendo uso de las inmunidades y privilegios que le corresponden como integrante de la comisión o si lo hizo en calidad de turista. De acuerdo con el estatuto de la CIDH, sus miembros gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos, así como de los privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. Payá, ciudadana estadunidense de origen cubano, asumió el cargo el primero de enero, tras haber sido electa en junio de 2025.

Su candidatura fue impulsada por la administración del republicano Donald Trump y por su secretario de Estado, Marco Rubio, también de origen cubano y cercano a la activista. El 26 de marzo fue nominada formalmente por el Departamento de Estado. Durante el proceso, el Panel Independiente para la Evaluación de Candidaturas a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresó preocupación por su pertenencia a “diversas organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elección, e incluso la voluntad de continuar en la dirección de alguna de ellas luego de ser elegida comisionada”, lo que, advirtió, podría poner en duda la apariencia de independencia ante un observador razonable.

Desde su designación, Payá –hija del disidente cubano Oswaldo Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y nacida en La Habana en 1989– ha mantenido una intensa actividad pública en foros y redes sociales con posiciones críticas hacia el gobierno cubano.

En diciembre pasado, publicó contenidos desde Oslo, donde mencionó que acompañó a la venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz. El primero de febrero señaló en Instagram que, semanas antes de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para autorizar aranceles adicionales a países que suministran petróleo a Cuba, participó en Washington en una conferencia convocada por organizaciones anticastristas, en la que calificó a la isla como un “Estado terrorista”.

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