Señalan a regidor por presunta violación y omisión de pensión alimenticia
Alcalde de Piedras Negras asegura tener conocimiento del caso; asesora jurídica detalla posibles implicaciones legales
Por Miguel Magaña | #PiedrasNegras, Coahuila
Piedras Negras, Coahuila; El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, afirmó públicamente tener conocimiento directo de un presunto caso de abuso sexual y omisión de obligaciones alimentarias atribuido al regidor Juan Carlos Álvarez, luego de que comenzara a circular en redes sociales una supuesta denuncia en su contra.
Durante su declaración, el edil municipal sostuvo que el caso fue conocido por él desde hace aproximadamente dos o tres meses, luego de que la presunta víctima lo buscara a través de otro integrante del Cabildo para narrarle los hechos, mismos que —aseguró— son verídicos. De acuerdo con su testimonio, la mujer habría mantenido una relación con el entonces funcionario cuando ella era menor de edad y él contaba con 37 años, lo que derivó en un embarazo y el nacimiento de una menor.
Rodríguez señaló que, al conocer la situación, canalizó a la mujer con la licenciada Ariana García Bosque para que le brindara asesoría jurídica de carácter privado. Añadió que decidió no hacer declaraciones públicas previamente, a fin de permitir que la presunta víctima tomara decisiones legales por su cuenta.
El alcalde también reveló que, ante una situación médica urgente relacionada con la menor —quien padece un síndrome que requería atención especializada en la ciudad de Monterrey—, él mismo aportó 20 mil pesos de recursos propios para apoyar en su atención médica.
En ese contexto, el presidente municipal calificó como “lamentable” que una persona que, dijo, se ostenta como defensora de la honestidad y del decálogo de Morena, esté involucrada en un señalamiento de esta naturaleza. Por ello, exigió la renuncia inmediata del regidor al cargo, al considerar que no se puede permitir que una persona con estos señalamientos forme parte del Ayuntamiento.
Por su parte, la licenciada Ariana García Bosque, asesora jurídica de la presunta víctima y del Ayuntamiento, explicó que inicialmente el acercamiento legal se dio únicamente por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las cuales —dijo— no se cumplieron durante al menos los primeros diez años de vida de la menor.
Indicó que durante un periodo de 16 años habría existido un ocultamiento de ingresos para evadir el pago de pensión alimenticia, pese a que el señalado ha ocupado en al menos tres ocasiones el cargo de regidor, con percepciones superiores a los 30 o 40 mil pesos mensuales.
Asimismo, detalló que del análisis de la narrativa de la víctima y del acta de nacimiento de la menor, se desprende que el acto sexual no fue consensuado y ocurrió cuando la víctima era menor de edad, con 17 años, lo que podría configurar el delito de violación.
La asesora jurídica señaló que actualmente se analiza la prescriptibilidad del delito; no obstante, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles, aunque persiste una discusión jurídica respecto a la retroactividad de dicho criterio.
Finalmente, indicó que se continúa con la integración de datos de prueba para acreditar la existencia del delito conforme a la temporalidad de los hechos, reiterando que se dará seguimiento legal al caso.
