Caso Lilia Alejandra: Corte IDH exige a México ley para huérfanos de feminicidio

Karla Salas aún estaba concluyendo sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM cuando la ahora fiscal Ernestina Godoy, entonces al frente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, le asignó a ella y a su compañero David Peña el caso de Norma Andrade ante los tribunales internacionales.

La fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa reclamaba justicia, castigo y una investigación a fondo en contra de los responsables del feminicidio en el que murió su hija Lilia Alejandra García Andrade, el 14 de febrero de 2001.

“¡Pues si estos todavía huelen a meados, ¿no? Están muy chiquitos”, comentó Norma. Pero Ernestina le dijo que ‘los viejos vamos a estar atrás’. Y no, pues cual. Pero bueno, desde ahí empezamos a hacer ese acompañamiento”, relata la también abogada de la sentencia anterior sobre Campo Algodonero.

Veintidós años después de haber tomado en sus manos la defensa del caso García Andrade, la abogada Salas celebra la sentencia emitida el 19 de diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) porque, además de exigirle al Estado mexicano una disculpa pública por la impunidad del caso, obliga a las autoridades de Chihuahua a reponer las indagaciones y establece que las violaciones de este asesinato deben tipificarse como tortura sexual.

La historia de este litigio es también la de leyes, políticas públicas e instituciones que fueron construyéndose en México durante un cuarto de siglo para contender con la violencia feminicida.

Como protagonista de este movimiento en el que han participado víctimas, defensores de derechos humanos, abogados, legisladores, feministas y autoridades, Karla desmenuza para Excélsior los alcances de la sentencia, al tiempo que se pregunta “¿qué estamos haciendo mal?” porque el problema, en vez de disminuir, creció.

IMPLICACIONES DE LA SENTENCIA

La condena de los jueces del máximo tribunal del continente -mandatada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-a México representa un avance de fondo con respecto a lo sucedido con la resolución de Campo Algodonero (2009), también relativa a los feminicidios en Ciudad Juárez, porque esta vez, los impartidores de justicia avalaron en su mayoría el reclamo de Norma Andrade y Karla Salas de que las indagaciones se realicen con perspectiva de género.

La sentencia tiene además implicaciones para que el Congreso mexicano formule legislación que reconozca a las personas buscadoras como defensores de derechos humanos y obliga a impulsar una campaña, particularmente en Chihuahua, para no criminalizar a los buscadores

La abogada espera que esa tarea de sensibilización se realice en todo el país y recuerda que el ahora senador morenista Javier Corral estigmatizó a las madres cuando fue gobernador de Chihuahua del PAN, alegando que el hecho de que no se conformaran con los dichos de ministerio público revelaba “intereses oscuros”.

JUSTICIA PARA LOS HUÉRFANOS

Para Norma Andrade, la abuela de Jade y Kaleb, la sentencia de la Corte es además el inicio de una reparación del daño para todos los hijos de las víctimas de feminicidio, como los hijos Lilia Alejandra, quienes tenían un año con 9 meses y 5 meses de edad cuando mataron su madre.

“Uno de los resolutivos ordena la normatividad para niños, niñas y adolescentes huérfanos de feminicidio. El Estado tiene que generar una normatividad y tiene que llevar a cabo la atención en salud, alimentación, educación, vivienda de niños, niñas y adolescentes huérfanos de femicidio, algo que no estaba reconocido todavía”, detalla la ahora entrevista con Excélsior.

“En concreto, la Corte dice en el resolutivo número ocho dice que el Estado es responsable por la violación de los derechos de la niñez, reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Jade García Andrade y José Kaleb García Andrade”, cuenta su abuela.

“Y también nos habla de que es responsable de la integridad de las garantías judiciales, de la protección a la familia, a la igualdad, de la protección judicial y el derecho a la verdad, en nombre de Jade y Kaleb, pero no es que nomás se les reconozca a ellos, sino que al ordenar la normatividad estamos hablando de que se va a crear para todos los niños y niñas huérfanos de feminicidio”, relata con emoción Norma.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO MAL?

Al ir explicando las valiosas e inéditas implicaciones de la sentencia de la Corte IDH, la abogada Salas reconoce sin embargo que ésta obliga a todas las partes involucradas en la defensa de los derechos de las mujeres, incluidas las abogadas y las constructoras de las políticas públicas contra el feminicidio en las últimas dos décadas, a preguntarse por qué este delito creció desde que se acató la sentencia de Campo Algodonero.

“En 2009 se contabilizaban al menos seis mujeres asesinadas todos los días. Esa era la cifra que teníamos. Y no podemos negar que, a partir de Campo Algodonero, el Estado Mexicano implementó una serie de acciones.

“Si hiciéramos la cuenta de lo que le ha costado el feminicidio a México, no sería un monto económico menor. Nosotras no podríamos decir que el Estado Mexicano no ha hecho nada. No, de hecho, ha hecho un montón de cosas: se han generado protocolos, políticas públicas, centros de justicia. Hay un listado impresionante de las acciones que ha hecho el Estado Mexicano

“Pero, a pesar de que se incrementó el presupuesto y el marco normativo ahora es sumamente amplio, hoy contabilizamos 10 mujeres asesinadas. Entonces, no, no tiene sentido. ¿Por qué en lugar de frenar, disminuir, prácticamente duplicamos la cifra? ¡Entonces hay algo que estamos haciendo mal, que no estamos midiendo, que no estamos identificando!”, señala.

Y reflexiona en torno al gran pendiente de las fiscalías en México: la identificación de patrones criminales en los delitos feminicidas y con éstos el análisis de los planteamientos que antropólogas y juristas vienen alertando desde el feminismo, en el sentido de los cuerpos de las mujeres son blanco de la delincuencia organizada.

DERECHO A LA VERDAD

Más allá de la revisión estructural de la investigación criminal y el castigo a los responsables en México, la sentencia formulada tres semanas atrás en Corte Interamericana de Derechos Humanos establece tareas concretas a diversas autoridades para garantizar el derecho a la verdad de qué sucedió en este feminicidio, entre las que Norma Andrade destaca la de reponer las pruebas de ADN del presunto feminicida.

¿Ha llegado de alguna manera la justicia para usted de esta manera?, preguntamos a la madre de Lilia Alejandra.

“Sí, sí ha llegado de alguna manera. Sabemos que el camino está cambiando, que apenas vuelve a empezar nuevamente, porque en lo Judicial se mandata volver a iniciar las investigaciones y de diferente manera a como se habían elaborado.

“Se mandata que al presunto que tienen detenido se le haga la prueba de ADN, cosa que no se le había hecho y que era lo único que lo puede vincular al caso de Alejandra y que, para mí, en realidad, diciéndolo con todas las palabras, es un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque descartaron una prueba científica que teníamos desde el 2010 con una opinión técnica para poder acusar a Manuel Rivas Navarro”, expone Norma.

Y enfatiza que la Corte mandata que en un año deberán estar cubiertos en su mayor parte los resolutivos, “aunque se le dan dos años al Estado Mexicano y nosotros esperamos que así sea”.

NO AL CHIVO EXPIATORIO

La abogada Karla Salas sostiene que la resolución “tiene un elemento personal de reivindicación muy importante. Es un sueño materializado”, al tiempo que actualiza y complementa la sentencia de Campo Algodonero.

Reseña que estando en pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que éstos se habían violado ante el reclamo justicia de Norma e hizo recomendaciones que, al no cumplirse, llevaron el caso a la Corte, donde ahora se ha dictado una condena internacional.

Detalla que, por más de 20 años, a pesar de que se tenían pruebas de ADN, y un perfil genético de dos de los presuntos agresores, las autoridades de Chihuahua no habían detenido a ninguna persona.

Pero ante la posibilidad de una terminación anticipada del caso que implicaba una indemnización económica, disculpas públicas y una salida penal, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión, “de manera muy sorprendente, nos presentan así, como por arte de magia, en tres meses nos dijeron… ‘Aquí está el responsable’. Era un chivo expiatorio, un responsable fabricado, porque el gobierno de Chihuahua buscaba emitir una sentencia, no porque les interesara la verdad, sino para evitar la condena internacional”, cuestiona Salas.

Frente a este antecedente frustrado por parte de las autoridades, el logro mayor de la sentencia es que acreditaron ante la Corte Interamericana, pericialmente hablando, que “el caso de Lilia Alejandra no se da como un hecho aislado, sino que algunos de los agresores han participado en el asesinato de otras niñas, cuando menos cuatro niñas”.

Para la abogada es relevante haber demostrado que lo que se necesita investigar a fondo es “a un grupo de hombres que al menos desde los 90 se han dedicado a secuestrar, torturar y asesinar fundamentalmente niñas en Ciudad Juárez. Y eso, por supuesto que es algo muy potente en cuanto a violaciones a derechos humanos e impunidad”.

LEY PARA LAS BUSCADORAS

Acompañando ahora a otras madres y familiares de víctimas en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Norma Andrade comparte su orgullo, el de haber logrado el reconocimiento de las madres buscadoras con esta sentencia de la Corte que ordena la creación, para ellas, de una figura legal en el mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas. “Es algo que no habían logrado y que ya lo había solicitado”, señala en alusión a la reciente reforma en la materia y en la que hubo rechazo a incluirlas en el nuevo ordenamiento.

“Me llena de orgullo, por darle un nombre a esa emoción que me da el saber que se va a tener que hacer la normatividad y crear esa figura legal que ya se nos había negado”, celebra la madre de Lilia Alejandra.

También queda el mandato de legislar sobre tortura sexual. “Porque no se trata de solo lesiones, no solo se trata de violencia familiar, sino que realmente estamos hablando de tortura, con toda la gravedad que eso implica. Es trascendental que la Corte haya dejado claro que se puede ser responsable de actos de tortura aún sin que sean agentes del Estado quienes los cometieron”, pondera la abogada.

Y aunque a diferencia de lo sucedido hace 15 años con las resoluciones de Campo Algodonero, esta vez “la Corte sin tapujos habla de la importancia de la incorporación de la perspectiva de género como metodología al analizar el caso”, Karla Salas alerta que la sentencia del 19 de diciembre también evidenció que se encuentra en marcha “una disputa jurídica” en América Latina en torno al tema.

Y es que “uno de los jueces del ala conservadora” emitió un voto razonado en contra de ese resolutivo alegando que “no se tiene por qué hablar de perspectiva de género porque eso viola el principio de legalidad”.

La abogada recuerda que, en 2009, por el contrario, el voto razonado solitario fue de la feminista Cecilia Medina dándoles la razón de que había que reconocer la tortura sexual, mientras el resto de los integrantes del máximo tribunal americano rechazó la petición de Norma.

Y aunque el citado voto razonado prende las alarmas sobre el avance de criterios adversos a los derechos de las mujeres, Karla Salas sostiene que “el hecho de que la Corte reconozca la vulneración del derecho a defender derechos tiene enormes consecuencias en México y en América Latina por lo que ocurre alrededor de los feminicidios o desapariciones de mujeres y de otras personas”.

Y concluye que la sentencia “le pone la vara muy alta al Estado Mexicano para que efectivamente pueda hablarse de un cumplimiento” por parte del gobierno federal, el Congreso, autoridades de Chihuahua y la propia Suprema Corte de Justicia.

Porque con un máximo de dos años, ante la Corte Interamericana, deberán presentarse indicadores de qué tanto se cumple con el protocolo en la investigación de feminicidios, garantías de no repetición, números de sentencias emitidas y valoraciones de su efectividad, el cumplimiento de una disculpa pública, campaña de reconocimiento de las madres y padres que reclaman justicia con la participación de la Secretaría de las Mujeres y una reforma legal que reconozca el derecho a defender derechos, así como una ley que atienda los derechos de huérfanos de feminicidio.