Motines de pandilleros en cárceles de Guatemala deja al menos 8 muertos

Al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un presunto pandillero murieron durante el fin de semana, en medio de una ola de ataques coordinados de pandillas que estalló tras la recuperación de una prisión tomada por reclusos y la recaptura de un líder clave de la pandilla Barrio 18, considerada organización terrorista por Estados Unidos y por el propio Estado guatemalteco.
La violencia se desató luego de que fuerzas de seguridad retomaran el control del penal de máxima seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Esta cárcel fue una de las tres prisiones donde pandilleros se amotinaron el sábado, tomaron rehenes y exigieron mejores condiciones y el traslado de sus cabecillas a centros de menor seguridad.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, confirmó que los pandilleros respondieron con ataques armados contra la policía en la capital y sus alrededores, dejando un saldo de siete agentes muertos y al menos 10 heridos, además de un integrante de Barrio 18 abatido.
“Estos ataques armados nos golpean, pero no nos van a amedrentar”, afirmó Villeda en conferencia de prensa. “No estoy en tratos ni en pactos con las pandillas. Estoy totalmente dispuesto a que prevalezca el Estado de Derecho”.
El director de la PNC, David Boteo, advirtió que no se descartan agresiones contra civiles y recomendó a la población permanecer en casa, mientras se despliegan operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército, acordados con el presidente Bernardo Arévalo, para reforzar la seguridad nacional.

Recuperan prisión y recapturan a “El Lobo”
Durante la madrugada del domingo, fuerzas de seguridad ingresaron al penal Renovación I con tanquetas y gases lacrimógenos. En un operativo que duró cerca de 15 minutos, las autoridades lograron liberar a nueve custodios retenidos y recuperar el control del centro penitenciario.
En paralelo, la PNC confirmó la recaptura de Aldo Duppie, alias “El Lobo”, líder de Barrio 18 en Guatemala. Imágenes difundidas por las autoridades muestran al pandillero esposado y con manchas de sangre en un hombro, escoltado fuera del penal. Duppie cumple condenas acumuladas por más de 2,000 años de prisión y fue detenido por primera vez cuando tenía 16 años.
El caso ha generado atención adicional por sus vínculos familiares: Duppie está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina del fallecido expresidente Álvaro Colom y de Sandra Torres, excandidata presidencial en tres ocasiones.
Pese a la recuperación de Renovación I, 37 personas continúan como rehenes en otras dos prisiones: 28 en Fraijanes II y nueve en el Preventivo, ambos en la periferia de la capital. La mayoría de los secuestrados son custodios penitenciarios, además de un psiquiatra.
Ante el clima de inseguridad, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases a nivel nacional para el lunes. “En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, señaló.
Un pulso directo al Estado
El Gobierno acusó directamente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) de los asesinatos, señalando que los ataques fueron una represalia por la negativa oficial a negociar privilegios carcelarios. Desde mediados de 2025, estos grupos han impulsado motines simultáneos para exigir condiciones menos restrictivas para sus líderes.
“No vamos a arrodillarnos ante estos delincuentes”, subrayó Villeda, aunque reconoció que existe comunicación operativa para lograr la liberación de los rehenes restantes.
La escalada de violencia revive los temores sobre el control de las pandillas dentro y fuera de las cárceles, especialmente tras la fuga de 20 líderes de Barrio 18 en octubre pasado, de los cuales solo seis han sido recapturados y uno abatido.
Mientras continúan los operativos y el país permanece en máxima alerta, Guatemala enfrenta un desafío estructural a su sistema penitenciario y de seguridad, con pandillas que buscan imponer condiciones mediante la violencia y un Estado que, por ahora, responde con fuerza y un mensaje claro: no habrá negociación bajo fuego.



