Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección en protestas contra ICE en Minneapolis
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección, una norma federal poco utilizada que le permitiría desplegar tropas, mientras continúan las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, tras una serie de tiroteos protagonizados por agentes federales que han intensificado la tensión en la ciudad.
Trump lanzó la advertencia después de que un agente federal disparara el miércoles a un hombre en la pierna durante un operativo en Minneapolis, luego de que, según las autoridades, fuera atacado con una pala y un palo de escoba. El incidente ocurrió una semana después de que otro agente de inmigración disparara mortalmente a una mujer en la cabeza, un hecho que desató protestas diarias y enfrentamientos con fuerzas federales.
El mandatario ha amenazado en repetidas ocasiones con recurrir a la Ley de Insurrección para desplegar al ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional para tareas de orden público, incluso frente a la oposición de gobernadores estatales.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado” dijo Trump en un mensaje publicado en redes.
La noche del miércoles, el humo cubrió una calle cercana al lugar del último tiroteo, mientras agentes federales con cascos y máscaras de gas disparaban gas lacrimógeno contra una pequeña multitud. Algunos manifestantes respondieron lanzando piedras y fuegos artificiales. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que la concentración era ilegal y que “la gente debe irse”. Horas más tarde, la situación comenzó a calmarse y el jueves por la mañana había menos manifestantes y agentes en la zona.
Las protestas se han vuelto recurrentes en Minneapolis desde que un agente federal disparó mortalmente a Renee Good el 7 de enero, en el marco de una ofensiva migratoria a gran escala que ha llevado al despliegue de cientos de agentes federales en el área metropolitana. El alcalde Jacob Frey calificó la situación de “insostenible” y afirmó:
“Esta es una situación imposible en la que se encuentra actualmente nuestra ciudad y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a la gente segura, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden”.
Frey dijo que una fuerza federal de unos 600 agentes, cinco veces mayor que la policía local, ha “invadido” la ciudad, generando miedo e ira entre los residentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ha realizado más de 2 mil arrestos en Minnesota desde principios de diciembre y aseguró que no dará marcha atrás en los operativos.
Según el DHS, el tiroteo del miércoles ocurrió tras la detención de una persona venezolana que se encontraba en el país sin autorización y que huyó en automóvil antes de ser alcanzada. La agencia afirmó que, tras ser rodeado por tres personas, el agente disparó en defensa propia. O’Hara confirmó que el hombre herido se encontraba hospitalizado con lesiones que no ponían en riesgo su vida.
“Temiendo por su vida y seguridad mientras estaba siendo emboscado por tres individuos, el oficial disparó un tiro defensivo para defender su vida”, indicó el DHS.
En paralelo, el conflicto se ha trasladado a los tribunales. Un juez federal dio plazo al gobierno de Trump para responder a una solicitud que busca suspender la ofensiva migratoria en Minnesota. El fiscal general adjunto del estado, Brian Carter, dijo ante el tribunal: “Lo que más necesitamos ahora mismo es una pausa. Hay que bajar la temperatura”.
El gobernador Tim Walz calificó la situación como un “estado de caos” y sostuvo que “esto dejó de ser un asunto de control migratorio hace mucho tiempo”, describiéndolo como “una campaña de brutalidad organizada”.
Mientras tanto, el Pentágono evalúa enviar abogados militares para apoyar al Departamento de Justicia en Minneapolis, una medida que ha generado críticas entre expertos legales por el posible impacto en el sistema de justicia militar.
