Los gobiernos estatales deberán presentar, a más tardar el último día de enero, las iniciativas de reforma necesarias para armonizar sus marcos jurídicos en materia de combate a la extorsión. Así lo establecieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al dar a conocer los acuerdos aprobados durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con lo publicado, las y los gobernadores deberán llevar estas propuestas ante sus congresos locales como parte de una estrategia nacional para fortalecer el marco legal contra este delito, que en los últimos años ha mantenido un impacto significativo en distintas regiones del país.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá como plazo el último día hábil de febrero de 2026 para emitir un manual de operación dirigido a las fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir el delito de extorsión. El documento busca homologar criterios y mejorar la atención a las víctimas.
Otro de los puntos relevantes quedó asentado en el acuerdo 07/LII/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se formaliza la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas como parte del Sistema Nacional de Información. El objetivo es garantizar que esta base cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su correcto funcionamiento.
En este mismo acuerdo se establece que el SESNSP deberá emitir, en un plazo máximo de 60 días naturales, los lineamientos para la operación, conservación y uso de dicha base de datos, a fin de asegurar su correcta implementación en todo el país.
Asimismo, se determinó que, a más tardar el último día hábil de agosto, el SESNSP deberá elaborar y publicar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres, con el propósito de fortalecer la atención integral a víctimas de violencia.
Entre los acuerdos también destaca el relacionado con la certificación policial.
Las autoridades definieron que, a más tardar el último día hábil de junio de 2026, deberá estar lista la metodología de la Certificación Básica Policial. Esta medida busca garantizar una transición ordenada del Certificado Único Policial hacia un nuevo esquema alineado con la Política Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la profesionalización y el desempeño de los cuerpos policiales en todo el país.
