NUEVA YORK.-El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y su empresa TV Azteca se encuentran en una situación legal crítica en los Estados Unidos, específicamente en una corte del Distrito Sur de Nueva York. El juez Paul G. Gardephe ha emitido una orden que les exige desistirse de inmediato de dos demandas que presentaron en México contra un grupo de fondos de inversión estadounidenses a los que deben 580 millones de dólares.
La razón central es que el contrato original de emisión de bonos, firmado en 2017, establecía de manera clara que cualquier disputa legal relacionada con la deuda debía resolverse exclusivamente en los tribunales de Nueva York, no en México.
El problema legal: “Desacato al Tribunal”
Al ignorar la orden del juez Gardephe y continuar con las demandas en México, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego están incurriendo en lo que se conoce como “desacato al tribunal” (contempt of court).
- La orden judicial: El juez ordenó a TV Azteca “tomar todas las medidas necesarias, de inmediato” para que se retiren las demandas en México.
- La consecuencia: Si no obedecen esta orden, el juez puede imponer sanciones. Estas sanciones pueden ser de dos tipos:
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- Económicas: Multas potencialmente millonarias.
- Prisión: Sanciones de cárcel para los responsables legales de la empresa, lo que incluye al propio Ricardo Salinas Pliego. Sería encarcelado en una de las prisiones más temidas de Nueva York, la Rikers Island.
Los acreedores, representados por The Bank of New York Mellon, argumentan que tener que litigar en México les causa un “daño irreparable”, ya que viola el foro legal que ambos acordaron inicialmente, detalla La Jornada.
El blindaje mexicano y su efecto boomerang
Durante la pandemia de COVID-19, TV Azteca obtuvo un “blindaje judicial” en México. Un juez civil en la Ciudad de México les otorgó protección contra sus acreedores, argumentando los efectos económicos de la crisis en sus negocios. Fue bajo este amparo que presentaron las demandas en México.
Sin embargo, esta estrategia en México es precisamente la que ahora tiene consecuencias en Estados Unidos. Al usar los tribunales mexicanos para una disputa que, por contrato, debe ventilarse en Nueva York, la empresa desobedeció una cláusula legal vinculante, lo que derivó en la orden actual y el riesgo de desacato.
La postura del Gobierno mexicano: “Las deudas se pagan, no se politizan”
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado abiertamente sobre el caso, revelando información clave y adoptando una postura crítica hacia Salinas Pliego.
- Reunión con los acreedores: Sheinbaum anunció que recibió una carta de los acreedores estadounidenses de Salinas Pliego solicitando una reunión, la cual aceptó y se llevará a cabo la próxima semana.
- Críticas al empresario: Acusó a Salinas Pliego de querer “politizar su deuda”. Señaló que, independientemente de sus posturas políticas o críticas al gobierno, debe “cumplir con las normas y con la ley”.
- Contexto de deudas: La Presidenta recordó que el empresario tiene deudas tanto en Estados Unidos como en México, donde se ha mencionado una deuda fiscal de aproximadamente 48,000 millones de pesos. Su mensaje fue: “Las deudas no se politizan, se pagan”.
- Sobre su entrevista en Fox News: Criticó la reciente aparición de Salinas Pliego en la cadena estadounidense Fox News, calificando sus declaraciones como “mentiras” y cuestionando su papel de “víctima” cuando tiene pendientes deudas en ese mismo país.
El alcance del caso: Numerosas empresas involucradas
El caso no solo involucra a TV Azteca SAB de CV, sino a 39 filiales del grupo, que abarcan desde empresas de producción y publicidad hasta clubes de fútbol como el Mazatlán FC y el Atlético Morelia. Esto demuestra la complejidad y el amplio alcance de la estructura corporativa involucrada en la disputa de la deuda, indica La Jornada.
Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca enfrentan un serio riesgo legal en Nueva York por haber llevado una disputa de deuda a los tribunales mexicanos, violando el acuerdo contractual que designaba a EE. UU. como foro exclusivo. La desobediencia a la orden judicial de retirar esas demandas puede resultar en sanciones económicas e incluso prisión por desacato. Mientras tanto, el gobierno mexicano, a través de la Presidenta Sheinbaum, ha dejado claro que no avalará la politización del asunto y ha dado un paso sin precedentes al aceptar reunirse directamente con los acreedores extranjeros del empresario.
