La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entra hoy en funciones con integrantes electos en las urnas, se articula para minar la penetración que empresarios, grupos fácticos y el crimen organizado tuvieron en el Poder Judicial.
Así lo considera el analista David Saucedo, quien afirma que la Cuarta Transformación detectó que distintos jueces, magistrados y la misma Suprema Corte “tenían fallos y resoluciones a favor de grupos de interés que eran contrarios a los intereses del gobierno en turno”, problemática que se buscó atajar con la reforma judicial, de la cual emanó la elección de juzgadores por parte de los ciudadanos.
La nueva Corte estará integrada por nueve ministros, de los cuales seis han apoyado, colaborado o comparten la visión ideológica del actual régimen político en México, representado por la llamada Cuarta Transformación.
Se trata de Hugo Aguilar, María Estela Ríos, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Lenia Batres y Loretta Ortiz.
En tanto, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y Giovanni Figueroa mantendrían cierta independencia política.
Jornada inédita
- El Congreso de la Unión abre el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
- El Ejecutivo entrega el primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum.
- 881 juzgadores federales electos en urnas rinden protesta ante el Senado.
- La nueva Corte se instala y elige a tres miembros del Órgano de Administración Judicial.
Ministros de la Suprema Corte, con sello indeleble
Seis de los nueve integrantes han apoyado, colaborado o comparten la visión ideológica del actual régimen; busca minar la penetración de grupos fácticos y el crimen en el Poder Judicial, afirmó David Saucedo.
A partir de hoy, 1 de septiembre de 2025, la electa y nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entra en funciones. Está integrada por 9 ministros, de los cuales 6 han apoyado, colaborado o comparten la visión ideológica del actual régimen político en México, representado por la llamada Cuarta Transformación.
“Se trata del sometimiento del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo”, afirmó el analista David Saucedo; “lo cierto es que algo de razón tuvo la Cuarta Transformación, porque distintos empresarios, poderes facticos, el crimen organizado, lograron penetrar en el Poder Judicial.
“Lograron fallos a su favor, y debido a esa penetración la 4T”, matizó, no pudo avanzar en algunos temas que eran de su interés; en eso si le doy la razón: porque en cualquier esquema democrático, como en Estados Unidos, España, Francia, de pesos y contrapesos, los poderes fácticos sí pueden hacer valer su punto de vista y sí pueden doblegar a poder político constituido.
“Y esto es algo que evidentemente detectó la Cuarta Transformación, que distintos jueces, magistrados y la Suprema Corte misma, tenían fallos y resoluciones a favor de grupos de interés que eran contrarios a los intereses del gobierno en turno”, dijo Saucedo en entrevista con Excélsior.
Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf han trabajado previamente en el Poder Ejecutivo federal.
Yasmín Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf fueron propuestas como ministras por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Batres Guadarrama fue directamente nombrada por él, único caso en la historia.
Sin menos cabo que Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama participaron en política partidista con la representación de Morena, fundado por López Obrador.
Los otros tres integrantes –Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa Mejía– mantienen, en apariencia, cierta independencia política. Con un hecho incontrovertible: al igual que el resto de los ministros electos, sus nombres figuraron en los acordeones electorales que aparecieron de manera espontánea en el contexto de la elección del 1 de junio, a través de la que llegaron a la más alta instancia judicial del país.
“Esta nueva Suprema Corte se articula a efectos de minimizar la penetración real que empresarios, grupos facticos, el crimen organizado sí llegaron a tener en el Poder Judicial”, sostuvo David Saucedo.
“DEMOCRACIA NO LIBERAL”
El analista dijo que él estuvo en contra de la elección del Poder Judicial, “me pareció un error, pero no dejo de ver que el Poder Judicial sí tiene muchos problemas, los principales corrupción y nepotismo; entonces me parece que lo que se debía hacer era una reforma pero lo que hizo la Cuarta Transformación, fiel a su estilo, en lugar de curar un brazo enfermo, lo amputó, es lo que hacen ellos, no estoy de acuerdo, pero tampoco glorifico a la Suprema Corte que se va, ni tampoco el Poder Judicial, que eran sumamente deficientes”, dijo.
Saucedo se pronunció como creyente de los contrapesos al Poder Ejecutivo y al Legislativo. “Lo que hizo el entonces presidente López Obrador y que continúa la presidenta Sheinbaum es avanzar hacia un esquema de democracia no liberar, muy similar a lo que se plantea en Estados Unidos con Donald Trump.
“Sí tenemos democracia, no es que caminemos hacia un régimen autoritario, pero también hay tipos de democracia, y caminamos hacia un tipo de democracia no liberar, en donde se elige por voto universal, secreto a nuestros gobernantes, pero se les da un amplio poder, un poder imperial con el cual atan y desatan.
“Me parece evidente que concentrar todo el poder en un solo hombre no va a funcionar, ya lo vivimos en la época del sistema autoritario priista y no funcionó; lo cierto es que, en la época de vida democrática, tanto el Congreso como el Poder Judicial quedaron debiendo, si hubieran tenido un desempeño brillante ambos poderes, habrían tenido la legitimidad suficiente para evitar una transformación.
“Pero como están sumidos en el descrédito, los diputados son los políticos con peor imagen en el país, por un lado, y por el otro, ha habido decisiones de jueces y magistrados aberrantes, y la mayoría de los mexicanos tenemos una experiencia negativa cuando nos acercamos a la justicia, y evidentemente el Poder Ejecutivo que goza de amplios poderes y popularidad decide anularlos”.
Saucedo responsabilizó a la ministra Norma Piña y a los demás ministros de la Corte que sale de haber propiciado la reforma judicial.
Afirmó que el ministro en retiro Arturo Zaldívar “fue un personaje dócil frente al presidente López Obrador; fue convenenciero, arribista, hasta empleo tiene actualmente. Sin embargo, Zaldívar tuvo una habilidad: palomeando muchas de las decisiones de Andrés Manuel evitó la reforma al Poder Judicial, porque la reforma estaba planeada desde hace tiempo; pero Zaldívar tenía una postura débil, agachona de respaldo al Presidente y eso evitó hacer la reforma al Poder Judicial”.
En cambio, dijo Saucedo, la ministra Piña llegó con una actitud contestataria, de confrontación de reto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto fue lo que impulsó la reforma. “Si Piña le hubiera dicho que si a Andrés Manuel, en cuatro, cinco de los temas importantes para ellos no se hubiera hecho la reforma, pero ella tomó la decisión de ser rival del Presidente y en ese juego desigual de fuerzas, salió perdiendo. Fue rival y no contrapeso”, señaló David Saucedo.
HUGO AGUILAR ORTIZ
Las biografías laborales de la mayoría de los ministros de la Corte están relacionadas directamente con el gobierno de López Obrador.
El próximo presidente de la Corte, Aguilar Ortiz desde el inicio de la administración de López Obrador, en diciembre de 2018, fue coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
No obstante, la formación comunitaria de Aguilar Ortiz es anterior a su incorporación a la administración pública federal. Quienes conocen al virtual presidente de la Corte afirman que “Hugo no es morenista”; que de hecho los intentos por descarrilarlo fueron de grupos morenistas para dejar a Lenia Batres como presidenta de la SCJN.
Desde su posición en el INPI, Hugo Aguilar coordinó los trabajos de consulta para tres de los proyectos prioritarios de esa administración pasada: el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el tren maya y el corredor interoceánico, además de la consulta indígena para la reforma constitucional y legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (que solamente modificó el artículo 2° de la Constitución).
El 10 de marzo de 2019, Aguilar Ortiz se encargó de la consulta indígena para que personas de origen otomí que viven en torno al poblado de San Miguel Xaltocan en donde se construyó parte del aeropuerto internacional Felipe Ángeles salieran de los terrenos en su posesión, a cambio de una serie de acuerdos.
Entre los acuerdos a los que se llegaron para consumar la consulta fue la distribución de 617 hectáreas, a cambio del desalojo de las 128 que se requerirían para la construcción de la terminal aérea y una serie de obras en la población de origen otomí.
En la consulta organizada por el nuevo presidente de la SCJN se realizó en el marco de la Asamblea General Comunitaria en la comunidad indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México a la que asistieron 450 personas. Y la base legal estuvo amparada por los artículos 1 y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Desde el 26 de abril de 2019 fueron declarados como terrenos nacionales por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ
Al inicio del sexenio de López Obrador, Ríos González fue la directora de Propiedad Rural de la Sedatu. Ella fue un ariete que posibilitó las negociaciones con los comuneros de Xaltocan para que a cambio de las tierras en su posesión dejaran libre el paso para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.
Como premio por su eficacia, Ríos González llegó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de López Obrador, cuando Julio Scherer Ibarra renunció.
Fue tan eficaz el trabajo de Ríos González en la Sedatu que el gobierno federal, a través de la Sedatu pudo entregar a los 952 comuneros de Xaltocan registrados, las 617 hectáreas que en abril de 2019 declaró terrenos nacionales, como parte del acuerdo con el pueblo otomí para poder construir el aeropuerto Felipe Ángeles.
Los acuerdos de entrega de predios que consiguió Ríos González fueron a partir de una procedencia de enajenación. Uno de los primeros terrenos entregados a los comuneros fue un predio de 6 mil 240 metros cuadrados, que en promedio es la extensión de tierra que recibieron cada uno de los comuneros solicitantes desde hace décadas, que originalmente eran 722, pero que, en los últimos meses, creció hasta llegar a 952.
Para la asignación de los predios, entregados en una transacción de compra-venta y lotificados desde hace varios meses, la Sedatu, a través de la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos, estableció tres pagos diferenciados para la asignación del valor por metro cuadrado, en sendos grupos: 1 peso para madres solteras, madres divorciadas, viudas y mayores de 65 años; 3 pesos para quienes comprueben que el terreno lo han explotado sembrado maíz, avena y trigo; y 5 pesos a quienes no tengan información de en qué han explotados las tierras que poseen.
SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA
Herrerías Guerra llegó a la administración pública federal en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto, quien la nombró subprocuradora de Derechos Humanos, con Raúl Cervantes, titular de la desaparecida Procuraduría general de la República (PGR).
En su momento, y como parte de la estructura de la PGR, Herrerías defendió entonces la llamada verdad histórica del procurador Jesús Murillo. Obstaculizó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al negar copias y acceso al expediente).
Al término del sexenio de Peña Nieto la ministra electa Herrerías encontró acomodó en la estructura de la Fiscalía General de la República. Desde entonces se olvidó de la verdad histórica y empezó un apoyo a la llamada verdad alterna.
Como jefa del fiscal Omar Gómez Trejo, ambos dieron luz verde a la petición de Vidulfo Rosas (entonces abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, hoy asesor de ministro presidente Aguilar Ortega), del Centro Miguel Agustín Pro, del GIEI y de no enviar los 114 restos óseos propuestos en la Recomendación de la CNDH a Innsbruck para su análisis genético, con lo que se corroboraría que corresponden a los normalistas y se convalidaría la verdad histórica.
Como parte del ejercicio público que tuvo Herrería en el caso de los 43 normalistas está que una persona al margen del caso fue llevado a la cárcel. La entonces fiscal se negó a hacer las gestiones legales para liberar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez detenido equívocamente cuando fue confundido con La Rana o El Güereque, Edgar Damián Sandoval Albarrán, sicario partícipe de los hechos de desaparición y ejecución de los normalistas. Este hecho ocurrió durante la administración de Peña Nieto.
LORETtA ORTIZ AHLF
El 23 de noviembre de 2021 fue electa por el senado, después de la propuesta hecha por López Obrador.
La ministra Loretta Ortiz, que fue fundadora de Morena, que fue diputada federal plurinominal en la por ese partido entre 2012 y 2015 (inició como parte de la bancada del PT y cuando se oficializó a Morena como partido saltó) y que hizo campaña para la elección de ministros a la Suprema Corte, proclamándose como fundadora de Morena, trabajó en el gobierno de transición de López Obrador, como coordinadora de los Foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional.
Los Foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional fueron un instrumento de diálogo que el presidente electo López Obrador puso en marcha.
La iniciativa tenía como objetivo que los ciudadanos -dando especial énfasis a los grupos minoritarios e históricamente excluidos-, expresaran su sentir y opiniones generales respecto a distintos temas, primordialmente los relacionados con inseguridad y crimen organizado.
Estaban agendados 18 foros regionales, pero solamente se realizaron 13, por las quejas de distintos grupos sociales.
Ortiz Alf redactó el documento titulado Primer Paso del Proceso de Paz: Apertura de foros de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional.
De acuerdo con información de la época, el anuncio de los foros tuvo una recepción dispar. Algunos sectores fueron optimistas con el planteamiento; mientras que los colectivos de buscadoras, víctimas y defensoras de derechos humanos, desconfiaron
Los colectivos solicitaron una reunión con Ortiz Ahlf para que les aclarara sus dudas. Las ONG le recriminaron a Ortiz Ahlf la falta de mecanismos para la contención y atención psicológica, ausencia de coordinación con las organizaciones, sobre todo para recuperar los trabajos y diagnósticos realizados previamente, además de la falta de claridad en la selección de las dependencias gubernamentales que serían responsables de la agenda de paz.
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
En el contexto de la sucesión en la Corte y la revelación de que la ministra Yasmín Esquivel había plagiado su tesis de licenciatura, el 23 diciembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en apoyo a la ministra, que él propuso en febrero de 2019 y que fue votada por el senado el 12 de marzo de 2019.
“Yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía, cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México (Enrique) Krauze y el señor que hace la denuncia, Sheridan, estos le han hecho mucho daño a México.
Entonces, por eso digo: no soy objetivo, porque sostengo que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista.
Entonces, a lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales, orgánicos, alcahuetes del régimen conservador.
Tres días después, el 26 de diciembre de 2022, López Obrador afirmó que el tema de la ministra Esquivel tenía tintes políticos
“En lo que a mí corresponde, lo que me consta es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella desde hace seis años y ha tenido una actitud consecuente, nunca he recibido una queja. Además, ha tenido cargos. Sí, estuvo en el Tribunal Agrario, si no mal recuerdo también. Estuvo en el Tribunal Agrario, estuvo en el Tribunal Administrativo y ahora. O sea, lo de la tesis sale ahora…”.
Aunque se apreciaba un favoritismo hacia Esquivel, el entonces Presidente dijo en su conferencia del 26 de diciembre de 2022, “Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata?, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra; y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loretta Ortiz, y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente”.
LENIA BATRES GUADARRAMA
Lenia Batres Guadarrama fue nombrada como ministra de la Corte por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ministra Batres ha sido una mujer de izquierda. Su militancia partidista se ubica en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En 1982 siendo una adolescente de 13 años ya era parte de las fuerzas juveniles del PSUM, el de Arnoldo Martínez Verdugo. El 11 de abril de 1989, a los 20 años, Batres se unió al naciente PRD. Del PRD salió huyendo 23 años después, en 2012, para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que López Obrador germinó desde el interior del sol azteca.
Con el PRD Lenia Batres fue diputada federal en la LVII Legislatura, 1997-2000. En ese periodo presentó cinco iniciativas.
En 2003, Lenia Batres fue candidata perredista a la jefatura delegacional de Benito Juárez.
También tuvo actividad en la administración pública, desde octubre de 2021 y hasta unos días antes de convertirse en ministra, en 2023, Lenia Batres fue la consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, subalterna directa del Presidente de México.
Antes de llegar a ese puesto en el gobierno federal fue directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público (2018), y Asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (2019-2021) en la gestión de Claudia Sheinbaum; y durante los tres años que la aspirante presidencial por Morena fue jefa delegacional de Tlalpan (2015-2018), Batres fue su asesora.
Durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), Batres fue su asesora entre 2002 y 2004 y a partir de 2004 y hasta el término de la gestión se desempeñó como directora general de Regulación al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal.
La tarea político-social en la que estuvo Lenia Batres fue la Brigada Especial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, cuando aún era perredista. De ella dependió el primer recorrido de afiliación en ese municipio, entre 2010 y 2011.
Dos días después de que López Obrador renunció al PRD, el 11 de septiembre de 2012, Lenia Batres hizo lo mismo. Le envió una carta al dirigente nacional perredista, para anunciar su salida, sin ninguna explicación.
