En los primeros 10 meses de la actual legislatura, diputados de PAN, PT y Morena presentaron cuatro iniciativas encaminadas a fijar un marco jurídico nacional para frenar con penas mayores el delito de la extorsión, conocido también como “cobro de derecho de piso”.
A pesar de que los promoventes alertaron del preocupante incremento de la extorsión en México y del daño que genera como “un problema estructural”, las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia se concentraron únicamente en dictaminar los proyectos de decreto del Ejecutivo Federal.
El diagnóstico de Acción Nacional en la exposición de motivos de Héctor Saúl Téllez enfatizó que, como lo había documentado la Coparmex en 2023, la extorsión se incrementó en 48% durante 53 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
El diputado Héctor Saúl Téllez propuso el 11 de diciembre incorporar, dentro de las facultades del Congreso, la de expedir leyes en materia de extorsión, modificando artículo 73 de la Constitución.
SIN ACCESO A BENEFICIOS
Equiparando este delito a los de secuestro, feminicidio, homicidio doloso múltiple y desaparición forzada, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, planteó el 19 de marzo la urgencia de negarle, por ley, a los extorsionadores el acceso a beneficios como la libertad anticipada, la reducción de penas o la prisión domiciliaria, argumentó que éstos “han sido un factor clave en la reincidencia de criminales de alto impacto”.
Previamente, el también exsubsecretario federal de Seguridad propuso el 11 de febrero actualizar el tipo penal que sobre ese delito se describe en el artículo 390 del Código Penal Federal, creado en 1984, alegando que estaba obsoleto para castigar una actividad criminal con diversas vías para hacerse de recursos ilícitos, desatando la inseguridad en el país.
Mejía Berdeja advirtió que, en 2024, la tasa de prevalencia delictiva de la extorsión fue de 23 mil323 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior respecto a 2022, ubicándose en cinco mil 213 por cada 100 mil habitantes.
La extorsión es un delito donde el nivel de impunidad es de casi el 100% de los casos. En la mayoría de los casos la actuación de la autoridad se activa sólo después de una denuncia forma”, alegó en su iniciativa.
MECANISMO DE CONTROL
El pasado 20 de junio, el líder de la diputación morenista, Ricardo Monreal, propuso adicionar un inciso al artículo 73 para que el Congreso tenga la facultad de establecer una ley general en materia de extorsión, dando así la pauta a los 32 parlamentos estatales de cómo regular el castigo a este delito.
De entrada, el diputado asumió así la gravedad del problema:
La extorsión es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia. Desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo, todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”.
El exsenador y exgobernador de Zacatecas calificó el impacto de esta conducta delictiva como “profundo y pluriofensivo”.
Describió que la extorsión afecta el patrimonio de las personas al obligarlas a pagar sumas de dinero bajo amenaza. “También genera una presión psicológica en las víctimas, quienes viven con miedo de ser agredidas físicamente o que sus seres queridos sufran represalias”.
INTEGRARÁN PROPUESTAS
De manera que, como lo establecen los procedimientos del Congreso mexicano, esas propuestas deberán tomarse en cuenta cuando se analice el proyecto de reforma constitucional que en la materia firmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Iniciada el 1 de septiembre anterior, la actual 66 legislatura concluyó su primer año legislativo el 30 de abril, lapso en el que se registraron en la Cámara de San Lázaro la iniciativa de Héctor Saúl Téllez (PAN) y las dos de Ricardo Mejía Berdeja (PT).
En el caso del jefe de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, su propuesta sobre el tema se registró ante la Comisión Permanente, sede del Congreso cuando las cámaras están en receso.
El hecho de que la primera fuerza opositora hubiera ya propuesto reformar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general contra la extorsión, objetivo que también tendrá la iniciativa de la mandataria, permite perfilar unanimidad en el impuso de este cambio.
Así lo ha previsto en sus declaraciones el líder de la mayoría en San Lázaro, destacando, además, el punto de que la propuesta presidencial establece que la extorsión no dependerá del acto voluntario de la víctima, sino que será perseguido automáticamente por el Estado.
PROPUESTAS EN EL TINTERO
- El pasado 11 de diciembre, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, propuso incorporar, dentro de las facultades del Congreso, la de expedir leyes en materia de extorsión, modificando artículo 73 de la Constitución.
- El 11 de febrero, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, propuso actualizar el tipo penal sobre la extorsión, el cual se describe en el artículo 390 del Código Penal Federal, creado en 1984, alegando que estaba obsoleto.
- El 19 de marzo, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, planteó negarles a los extorsionadores el acceso a beneficios como la libertad anticipada o prisión domiciliaria.
- El pasado 20 de junio de 2025, Ricardo Monreal, de Morena, propuso adicionar un inciso al artículo 73 constitucional, para que el Congreso tenga la facultad de establecer una ley general en materia de extorsión.
