En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que, conforme a sus atribuciones, fortalezca los operativos para prevenir, combatir y sancionar la extracción y aprovechamiento ilegal del recurso hídrico.
Cada vez son más frecuentes las denuncias por el creciente número de pozos de bombeo y tomas clandestinas en ríos y arroyos, según usuarios y activistas ambientales, sin embargo, persisten la escasa o nula verificación de los volúmenes concesionados en el Registro Público de Derechos de Agua, así como el incumplimiento de pago por parte de algunos usuarios, lo que ha debilitado significativamente al sector hídrico, advirtió la legisladora.
Refirió que, según datos de la propia Conagua, México pierde millones de metros cúbicos de agua cada año debido a extracciones ilegales, lo que representa un severo golpe para la infraestructura hídrica del país.
“Empresas agrícolas y grandes industrias que operan sin permisos de extracción han sido señaladas como responsables de la disminución de las reservas subterráneas, mientras que los pequeños productores y habitantes de zonas rurales son quienes sufren las consecuencias”, aseguró la diputada.
Señaló que muchos pozos clandestinos son perforados sin estudios técnicos ni regulaciones, lo que permite una extracción descontrolada, sin considerar la capacidad de recarga de los acuíferos.
“Esto ha provocado un descenso en los niveles freáticos, hundimientos del suelo y la contaminación del agua por intrusión de minerales dañinos como arsénico y fluoruro. Además, en algunos casos, estos pozos se conectan de forma ilegal a redes de distribución, afectando el suministro en ciudades y comunidades rurales”, subrayó Fraustro Dávila.
