Tlahuelilpan: estela de omisiones ante huachicoleo y daño ambiental

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convalidó que el periodo de mayor auge del robo de combustible en México —conocido como huachicol— se registró entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2022.

Las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) solamente entre 2021 y 2022, por el robo de hidrocarburos, fue de 7 mil 499 millones de pesos —equivalente al presupuesto de 2025 para la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México que es de 7 mil 230 millones 988 mil—, según la CNDH.

Además, señaló que el Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo, en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex, a partir del 27 de diciembre de 2018, “generaron impactos negativos en los primeros días de implementación, debido a los ajustes logísticos en la distribución del hidrocarburo por el cierre de ductos y su transporte a través de pipas”.

Afirmó que es necesario dar continuidad y robustecer el diseño y desarrollo del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, “fortaleciendo su diseño y desarrollo armonizando esfuerzos para implementar una estrategia efectiva que aborde la atención de las causas generadoras de esas conductas ilícitas”.

En el contexto de un informe especial por la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 138 personas que robaban gasolina de un ducto de la propiedad de Pemex, el 18 de enero de 2019, la CNDH ofreció números que muestran la dimensión que alcanzó el fenómeno llamado huachicol en los primeros 3 años y 4 meses del sexenio pasado.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició 25 mil 882 carpetas de investigación; localizó 28 mil 720 tomas clandestinas en todo el país; aseguró 102 millones 561 mil 311 litros de hidrocarburo y 5 millones 48 mil 37 litros de gas LP.

En ese periodo, el Estado de México aparece como líder de todo el territorio nacional: acumuló 3 mil 495 carpetas; 5 mil 049 tomas clandestinas; aseguró 2 millones 539 mil 898 litros de combustibles y un millón 747 mil 943 litros de gas.

EL HUACHICOL SE CONCENTRA EN TRES ENTIDADES

Además, con información propia de la CNDH y “con base en los informes de responsabilidad social e informes de desarrollo sustentable elaborados por Pemex”, el órgano autónomo del Estado mexicano, informó que entre 2017 y 2022 se registraron 14 mil 379 incidencias y 57 mil 755 tomas clandestinas.

En rubro de las incidencias, las 14 mil 379 equivale a 58.7% del total de 24 mil 461 incidentes que se han registrado desde 1997 al 2022. Y las 57 mil 755 tomas clandestinas equivales a 67.95% del total de 84 mil 999 registradas entre 1997 y el 2022.

De acuerdo con el informe de la CNDH, firmado por su titular, Rosario Piedra Ibarra, los estados con mayor número de tomas clandestinas, fueron Hidalgo, con 10 mil 214 —territorio de la peor tragedia por robo de combustible—; el Estado de México, con 5 mil 49 y Puebla con 4 mil 179.

De las incidencias referidas, 90% de los eventos ocurrió en instalaciones de Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, siendo por orden de prevalencia en ductos, refinerías y terminales de almacenamiento y distribución. En el caso de derrames y fugas en ductos, la gran mayoría de esos incidentes fueron a consecuencia de las tomas clandestinas, daños o averías provocadas por terceros y en último lugar a la corrosión”, señala la CNDH.

En el informe sobre los hechos en Tlahuelilpan, el órgano autónomo no emite ninguna recomendación y de manera velada responsabiliza a Pemex de la tragedia y también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que la CNDH sigue llamando Sedena, que desde noviembre de 2024 por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum modificó su acrónimo.

“Dado que está ampliamente documentado y acreditado el incremento exponencial en las tomas clandestinas y el robo de combustible, es necesario que Pemex aumente sus recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar los procedimientos y mecanismos empleados en la vigilancia de los ductos, instalaciones y equipos de asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores”, señala en las conclusiones del documento.

ACCIONES EFECTIVAS PARA EVITAR TOMAS CLANDESTINAS

Hace más de seis años —el 18 de enero de 2019— el minúsculo poblado de Tlahuelilpan, de 28 kilómetros cuadrados y 19 mil habitantes, fue noticia mundial: por un pinchazo a una tubería de Pemex para robar gasolina en un alfalfar de la colonia San Primitivo, se convirtió en géiser que bañó a cientos de personas y como por generación espontánea ardieron.

El texto de 81 páginas difundido ayer sábado señala que, de manera particular, el informe se centra en el evento del 18 de enero de 2019 y que su finalidad es analizar la manera en que se realizó la intervención o participación de las autoridades competentes desde las primeras horas del incidente, así como a la supervisión, investigación y fiscalización en materia administrativa y penal, desde un enfoque de derechos humanos.

De la investigación realizada por la CNDH en el caso particular de Tlahuelilpan advirtió “la necesidad de dotar de efectividad las acciones hasta el momento realizadas para disminuir las tomas clandestinas; los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta”.

Bajo esta lógica, sostuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como un incumplimiento de los deberes de Pemex.

La CNDH señaló que Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos, así como las implicaciones para la población aledaña a los ductos.

Sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia.

Así, desde un enfoque en derechos humanos, es necesario que Pemex, como empresa productiva del Estado, cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Para ello, se requiere que, más allá de cumplir con la normatividad en materia de hidrocarburos, tenga una disposición real y efectiva para hacer justiciable el derecho humano a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales; debe emitir de manera conjunta con las autoridades en la materia, protocolos de actuación donde se contemplen campañas de difusión en medios masivos de comunicación que adviertan a la población acerca del riesgo y las letalidad del manejo inadecuado del hidrocarburo; programas de capacitación a servidores públicos municipales y debe adoptar por separado o de manera coordinada un procedimiento que contemple la gestión de incidentes mayores y la presencia masiva de personas”, señala la CNDH.

POLÍTICAS INADECUADAS DE PEMEX, ACUSA

El órgano autónomo del Estado mexicano solicitó el 28 de octubre de 2022, mediante oficio V2/68158, a la Dirección Jurídica de Pemex que le informara a ésta si contaba con un proceso de debida diligencia empresarial en materia de empresas y derechos humanos derivado del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex.

El 4 de noviembre de 2022, la empresa productiva del Estado indicó que, en los términos en que la CNDH solicitaba el informe, se podría precisar que no existe en la forma planteada.

En ese contexto, en su informe especial, “la Comisión Nacional observa que, desde un enfoque de derechos humanos, las políticas y lineamientos elaborados por Pemex son inadecuados, ya que no aseguran el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Estas políticas —continúa el documento—, están orientadas principalmente a la prevención de actos de corrupción, lo que limita una evaluación completa de los impactos negativos en los derechos humanos, como los siniestros ocasionados por tomas clandestinas en ductos o poliductos, que tienen graves consecuencias tanto para las personas como para el medio ambiente”.

Asimismo, la CNDH advierte en su documento “una omisión por parte de Pemex en su obligación de respetar los derechos humanos mediante acciones de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos, tal como lo exige la debida diligencia que cualquier empresa del sector productivo debe observar en todas las etapas de producción de bienes o servicios”.

Respecto de los elementos de la Defensa que participaron directamente en los hechos del 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, cuando iniciaba el robo de combustible con una presencia de entre 8 y 10 personas, la CNDH señaló:

Estaban facultados para realizar la detención de personas en flagrante delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la cláusula cuarta, inciso f) del Convenio General de Colaboración suscrito entre Pemex y la Sedena —actualmente Defensa—, vigente al momento de los hechos.

Por esta razón, según lo informado por esa dependencia federal, ante la presencia de 8 a 10 personas que inicialmente se encontraban extrayendo combustible, se pudo haber realizado su detención y puesta a disposición en esos primeros momentos. Sin embargo, al verse rápidamente superados en número, fue materialmente imposible detener a las personas que extraían el combustible de manera ilegal”.

NO HAY MEDIDAS PREVENTIVAS ante TOMAS CLANDESTINAS

La CNDH señaló en su informe que Pemex manifestó que los procedimientos en casos de tomas clandestinas tenían un enfoque correctivo, sin incluir medidas preventivas, y que en el momento en que ocurrieron los hechos de hace 5 años y 4 meses, la Norma Oficial Mexicana aplicable había perdido vigencia.

Cabe destacar que los recursos humanos y materiales que emplea y sigue empleando (Pemex) son insuficientes, ya que, según lo manifestado por la empresa, el sistema SCADA que utilizan no abarca la totalidad de los ductos. Por lo tanto, es necesaria la verificación manual y a pie de estos para identificar las tomas clandestinas, y en caso de detección, la clausura no es inmediata, lo que evidencia un incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jurídico aplicable en materia de hidrocarburos”, señala el informe de la Comisión nacional de los Derechos Humanos.

En ese sentido, la CNDH se pronunció por la necesidad de que Pemex invierta recursos para la adaptación y modernización de estos procesos, acorde a estándares internacionales, que incluya una evaluación continua del impacto real y potencial de sus actividades de transporte de hidrocarburos sobre los derechos humanos de las personas y comunidades, la integración de las conclusiones, el seguimiento de las respuestas y la comunicación de cómo se enfrentan las consecuencias negativas según los bienes que producen o los servicios que ofrecen.

También señaló que derivado del incendio en el alfalfar de Tlahuelilpan se hicieron visibles daños al medio ambiente por la contaminación del agua y el suelo en la zona, así como afectaciones físicas y psicológicas en las personas, que han impactado considerablemente sus proyectos de vida. Además de las lesiones o el fallecimiento de alguno de los progenitores y jefes de familia, han surgido limitaciones e impedimentos para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que agrava su estado de vulnerabilidad.

Ya que la tragedia en el poblado de Hidalgo, de origen náhuatl, que en español significa “donde se riegan las tierras”, alcanzó una tasa de letalidad de 91.4%, debido a que, de las 151 personas lesionadas, fallecieron 138 y sólo 13 sobrevivieron. Resalta la CNDH que, como consecuencia de estos hechos, 194 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad tras el fallecimiento de uno de sus progenitores.

RECUENTO HISTÓRICO DE TRAGEDIAS

En su informe especial, la CNDH hizo un recuento de incidentes registrados históricamente en México, debido a tomas clandestinas, que han provocado graves pérdidas humanas y materiales.

El primero que sitúa es el del 19 de noviembre de 1984, cuando se perforó un ducto que transportaba gas LP desde las refinerías hasta la planta de Almacenamiento y Distribución de Gas de Pemex, en San Juan Ixhuatepec, Estado de México.

La fuga ocurrida hace más de 40 años, tuvo como resultado la formación de una nube de vapor inflamable de aproximadamente 200 metros de diámetro. Esta nube explotó alrededor de las 7:00 horas, desencadenando una reacción en cadena que provocó once explosiones hasta las 10:00 de la mañana. “El trágico saldo fue de 503 fallecidos, 926 personas resultaron con quemaduras, 7 mil lesionados, 10 mil fueron evacuadas y 149 viviendas destruidas”.

El 22 de abril de 1992, una fuga en la planta 18 de Marzo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ingresó a la red de drenajes, provocando una serie de explosiones e incendios en un área de aproximadamente 10 kilómetros. Este evento dejó un saldo de aproximadamente 212 fallecidos, 69 desaparecidos, mil 800 lesionados y alrededor de mil 250 familias y viviendas afectadas en la ciudad.

En 2003 se registró la muerte de cinco personas y 80 más resultaron con quemaduras debido a la explosión de ductos en La Balastrera, cerca de Ciudad Mendoza, Veracruz.

El 22 de diciembre de 2004 una explosión e incendio en un pozo de bombeo en Santiago Tuxtla, al sur de Veracruz, causó lesiones a siete personas y un grave daño ecológico por el derrame de más de 10 mil litros de crudo. De manera similar, el 8 de julio de 2005, la explosión de un gasoducto dejó dos fallecidos, trece personas lesionadas, ocho viviendas destruidas y más de 20 hectáreas de cultivos contaminados.

En octubre de 2007 la fuga de aceite y gas en el pozo Kab 101 provocó la muerte de 20 trabajadores. El 26 del mismo mes y año la perforación de un ducto y el derrame de hidrocarburos en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz, afectaron a seis poblados y a los ríos Jaltepec, Chiquito y Coatzacoalcos. En 2008 un ducto que transportaba metanol entre los municipios de Centro y Cunduacán, en el estado de Tabasco, puso en riesgo a cientos de personas en comunidades cercanas.

El 19 de diciembre de 2010, alrededor de las 5:30 horas, una perforación en un ducto de Pemex provocó una serie de explosiones e incendios debido al combustible derramado, resultando en 30 muertes, 53 personas lesionadas y daños a un centenar de viviendas y familias en siete municipios de Tlaxcala y once de Puebla, además de la contaminación del suelo y del río Atoyac por el derrame de hidrocarburos.

El 17 de julio de 2014 en Cadereyta, Nuevo León, un derrame de petróleo causado por una toma clandestina generó graves daños ambientales al contaminar el río San Juan.

El 11 de abril de 2017, se registró un incendio debido al derrame de 147 mil litros de gasolina en Tlajomulco, Guadalajara, lo que contaminó 9 mil 500 metros cuadrados y llevó a la evacuación de 3 mil personas. Ese mismo año y el siguiente se produjeron otros incidentes de fugas e incendios por tomas clandestinas en Cuernavaca, Morelos, dos en Acajete, Puebla, San Francisco Tláloc y la Zona Norte de la Ciudad de Puebla, así como en Villagrán, Guanajuato.