CIUDAD DE MÉXICO (apro). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que mantener el amparo concedido por el juez Gabriel Regis López a Ricardo Salinas Pliego, sentaría un precedente riesgoso al excluirlo de regulaciones contra delitos financieros, debilitando la lucha contra el lavado de dinero.
“Sería un funesto precedente y un acto de claro favoritismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidara el amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito, Gabriel Regis López, quien evidentemente pretende una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El amparo impugnado por la UIF es, ahora, más grave que otras inicuas resoluciones judiciales debido a que deja sin efectos cuatro disposiciones de ley para una sola persona”, manifestaron mediante un comunicado.
En una sesión privada de la Segunda Sala realizada el miércoles 12 de marzo, los ministros decidieron por unanimidad declarar impedida a la ministra Lenia Batres Guadarrama, negándole la posibilidad de presentar su proyecto de resolución sobre el amparo interpuesto por Salinas Pliego contra la facultad de la UIF para solicitar su información bancaria.
La decisión se tomó en respuesta a la solicitud del empresario, quien argumentó falta de imparcialidad por parte de Batres, señalando su comportamiento en redes sociales como evidencia.
El amparo, concedido en julio de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, excluye a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, evitando que la UIF acceda a datos financieros sobre sus actividades.
La resolución judicial surgió tras la investigación derivada de los Pandora Papers, donde se identificó a 72 mexicanos, incluido Salinas Pliego, lo que motivó a la UIF a solicitar información a las instituciones financieras del país.
Los “Pandora Papers” son un conjunto de 11.9 millones de documentos filtrados a escala global, en donde se descubrió que más de 3 mil clientes en México usaron sociedades secretas en paraísos fiscales.
Ante esta situación, la UIF impugnó el amparo y el 9 de marzo de 2023 solicitó su revisión ante la SCJN, por lo que la Segunda Sala de la Corte aceptó atraer el caso.
“Sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes, la ubica por encima de todo un país al otorgarle capacidad definitiva y permanente para eludir la aplicación de la legislación en materia de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados, ya que su información financiera personal no podría usarse en procedimiento penal o civil alguno, dentro y fuera del país, para siempre”, puntualizaron.
