El fundador del grupo de sicarios “Los Zetas” y también líder del Cártel del Noreste, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular su proceso bajo el argumento de que se omitió requerir a EU el compromiso de que no sea objeto de aplicarle la pena de prisión perpetua.
En lo que fue un último intento por frenar su extradición a los Estados Unidos, Treviño Morales, solicitó a los ministros in-aplicar dos tesis jurisprudenciales en su proceso que permitieran la imposición de la pena vitalicia sin tomar en cuenta las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, el máximo tribunal del país le respondió que carece de atribuciones para actuar en el sentido que pretendía.
Se trata de las tesis jurisprudenciales P./J. 1/2006 y P./J. 2/2016, de las que refirió:
“No consideran las condiciones específicas del Sistema Penitenciario Estadounidense y su incompatibilidad con el paradigma constitucional mexicano, pues permiten la imposición de prisión vitalicia sin tomar en cuenta las prohibiciones contenidas en los artículos 1°, 18 y 22 constitucionales”.
SCJN
El “Z40” pidió a los ministros que prevalecieran los criterios de la jurisprudencia 26/2004, que establece que “los jueces federales pueden amparar a procesados requeridos por otros países cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) omita requerir al Estado solicitante el compromiso de no imponer al extraditado la pena de prisión vitalicia, y no se concediera su extradición a los Estados Unidos, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos.
Cabe recordar que el “Z-40”tenía pendientes los procedimientos de extradición 1/2024 y 2/2024 radicados en los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México y Ciudad de México, respectivamente.
Apenas la semana pasada, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z40” y otros 28 líderes delincuenciales fueron entregados por el gobierno de México a los Estados Unidos, para ser procesados por delitos de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
