Por segunda ocasión en su historia laboral, los 550 trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se enfrentan a la incertidumbre profesional, una vez que ésta será extinguida en unos meses.
En su mayoría sobrevivientes del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), eliminado en 2019, cuando se liquidó a cerca de la mitad de su personal, los académicos, pedagogos, maestros y especialistas nuevamente afrontan una redefinición institucional de su futuro.
El clima de inestabilidad se agudizó en noviembre, ante las versiones extraoficiales de que 40% de los 600 empleados que había entonces debía renunciar.
En diciembre se notificó que el recorte se aplicaría a los recursos presupuestales.
Sin embargo, al cierre fiscal de 2024 la Secretaría de Hacienda le instruyó la reducción de 5% de su planta laboral, quedando en 550.
Sin ninguna notificación formal de lo que sucederá en el segundo semestre de 2025, el personal de Mejoredu ya experimentó la tensión de un cambio de adscripción cuando se extinguió el INEE.
Se eleva TENSIóN
Aquella transición sometió a los trabajadores a un clima de estrés que, según testimonios de los afectados, se ha manifestado de nueva cuenta ante la percepción de que las máximas autoridades, afines al gobierno, no han realizado gestiones contundentes en defensa de que su fuente de trabajo tenga continuidad en la Secretaría de Educación Pública.
Se desconoce cuál es el monto asignado a Mejoredu para el ejercicio presupuestal de 2025, pues desde el año anterior éste dejó de figurar en la tabla de asignaciones institucionales.
Sin embargo, los empleados han recibido versiones de que recibirán su sueldo durante el primer semestre.
Aunque en el sexenio anterior el secretario Esteban Moctezuma se reunió con la planta laboral para darle certeza de que se convertiría en un think tank de la SEP, en los hechos quedó fuera de los equipos que formularon el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.
El ajuste presupuestal se refleja en la falta de actualización de software, renovación de equipos de cómputo y acervo documental, destacando la desaparición del servicio de la Biblioteca de Publicaciones Oficiales que funcionó hasta 2021. La semana que concluyó incluso no hubo garrafones de agua en las oficinas.
Para quienes esperan que la SEP los recontrate, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión han sido omisos en la garantía de armar con las secretarías de Hacienda y de Educación una ruta para la transición.
Los últimos dos boletines de Mejoredu recogen posicionamientos por parte de sus comisiones y consejeros, así como de destacadas académicas que formaron parte de sus órganos colegiados.
Algunas críticas y otras complacientes, son voces que asumen la consumación de la reforma de simplificación administrativa que elimina a siete organismos, al tiempo que hacen votos para que no se desperdicie el conocimiento de la institución.
“Conviene recordar que el conocimiento y propuestas educativas construidas forman parte del esfuerzo y la inteligencia colectiva necesarios para seguir avanzando en la consolidación de la mejora educativa a la que aspiramos”, dice la comisionada Etelvina Sandoval Flores.
El consejero técnico Leonel Pérez Expósito alerta de los riesgos de que el potencial transformador de Mejoredu se diluya en la SEP y recuerda que ésta es “la única institución de entre las que figuran en la iniciativa de reforma constitucional que no tiene autonomía constitucional; es la única creada por la reforma educativa que emprendió la cuarta transformación; y es el más joven de dichos órganos”.
LEGADO PELIGRA
Alega que cinco años es muy poco tiempo para valorar el trabajo de una institución de gobierno y que la reforma plantea más una absorción que una asimilación.
“Lo más probable es que de ahí se derive un desvanecimiento de las funciones de Mejoredu dentro de la SEP. Eso haría que se perdieran los aportes de la Comisión y la debilitaría”, advierte.
Integrante del Consejo Ciudadano de la institución, la académica Luz María Moreno Medrano reivindica la importancia de que la SEP tome para sí el legado institucional de la Comisión.
“La afirmación de que Mejoredu duplicaba las funciones de la SEP contradice el propósito fundamental de construir un sistema educativo transparente, autónomo y sólido (…)”.
Catalina Inclán, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (UNAM) y exvocal de la Comisión, sostiene que “con la derogación de la fracción IX del artículo tercero constitucional se desdibuja una instancia que ha dado sustento a las acciones en materia de mejora educativa con un entramado de proposiciones y acciones, así como con la construcción de un tejido vinculante con grupos de formación a nivel estatal”.
Y sostiene que, en el terreno educativo, “muchas políticas han probado acciones audaces que se convirtieron en monumentales fracasos; es tiempo que las decisiones se sustenten con mayores elementos de juicio y análisis”.
