Integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han solicitado a la Secretaría del Bienestar que en la transición de sus tareas hacia el Inegi se preserve el equipo de trabajo que conforman 179 servidores públicos altamente calificados.
En medio de versiones de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) no tiene la capacidad de absorber a todo el personal de Coneval, sus actuales responsables buscan alertar a la Presidenta de México del riesgo de pérdida de un capital humano pionero en el mundo en la medición multifactorial de la pobreza.
La petición institucional es diseñar en los próximos tres meses al menos una transición que prevenga cualquier amenaza de pérdida de información y garantice que el siguiente levantamiento estadístico se apegue a los parámetros que hasta ahora se siguieron.
Y es que este año se hará la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que da sustento al Coneval para reportar la evolución de la pobreza en México, al margen de las tentaciones del maquillaje de cifras.
A la espera de una respuesta de la Secretaría de Bienestar para establecer mesas de trabajo con el Inegi, las autoridades del Coneval pidieron al gobierno “de manera prioritaria el respeto y la garantía de los derechos laborales de las y los trabajadores que integran el Consejo con los recursos presupuestarios suficientes y necesarios para lograr esta transición”.
PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE
Fuentes consultadas por Excélsior compartieron su preocupación por la incertidumbre que priva en la institución y entre el personal, tanto por su futuro profesional, como por el riesgo de que en las leyes secundarias de la reforma de simplificación orgánica no queden preservadas en la nueva sede institucional de las funciones de Coneval la medición de la pobreza multidimensional y el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.
Si bien durante la aprobación de esa reforma en el Congreso de la Unión, así como en los transitorios, se ofreció garantía de los derechos laborales para los empleados de los siete organismos autónomos que se extinguieron, entre éstos el Coneval, en ningún momento se garantizó proteger el empleo.
Consejeros y funcionarios de la institución han planteado, sin embargo, que en este caso proteger las funciones que se vienen realizando desde 2004 implicaría conservar al equipo de trabajo que las realiza.
Coneval se creó para conocer el impacto de los programas sociales e irlos mejorando conforme a diversas investigaciones, por lo que su denominada Comisión Ejecutiva se integra por seis destacados académicos que se van rotando en la responsabilidad de traducir el conocimiento social de vanguardia que a nivel mundial se produce para superar la desigualdad y la pobreza.
En la defensa de esta solicitud en la que han recurrido a la Secretaría de Bienestar, el Coneval plantea que su burocracia es pionera a nivel internacional, en tanto le tocó innovar en la construcción de los mecanismos de medición de la pobreza más allá del tema del ingreso, incluyendo variables como la educación, el acceso a la salud, la seguridad social y la vivienda.
Dicha medición multidimensional —que en México se realiza en todos los municipios— se ha convertido incluso en un referente para otros países que permanentemente consultan a este Consejo, el que a su vez se ha nutrido de los expertos más destacados en el mundo en esta materia.
Con alrededor de 300 millones para el ejercicio presupuestal de 2025, sin conocer aún cuándo se dará por extinguida la institución en su modalidad de autónoma, los directivos del Coneval lo defienden como la agencia pública con mayor efectividad del país, en tanto su costo resulta bajo para los altos beneficios que aporta.
Para los responsables de conducir el debate académico técnico del Consejo, determinante para ir garantizando que éste mida el impacto de las políticas sociales desde una concepción de derechos, resulta determinante efectuar una transición gradual y responsable que la reforma no perfiló.
