Ante las inconsistencias, riesgos y la injerencia política en el Poder Judicial, debe suspenderse el proceso para la elección de personas juzgadoras, a realizarse el próximo 1 de junio, exigió este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
La JUFED alerta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional sobre las severas inconsistencias y riesgos que plantea la elección de personas juzgadoras bajo la impugnada reforma judicial.
Este proceso, lejos de ‘democratizar’ al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse”, manifestó la organización, en un comunicado.
Se indicó que el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de proceso electoral, de 52 por ciento; que implica en la reducción de casillas y personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable, sumado al desinterés de la población, se reflejará en un amplio abstencionismo.
Dichas condiciones comprometen directamente la calidad del proceso electoral y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección.
Además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación”, señaló la JUFED.
Se calificó como complejo el modelo de votación, que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, lo que confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado.
La organización de jueces y magistrados indicó que integrantes del INE han reconocido públicamente el riesgo de que participe en la elección menos del 10 por ciento del padrón electoral, lo que refleja que carece de respaldo social.
El diseño de la elección pone en riesgo la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un evidente sesgo hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder.
Esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en lealtades políticas”, manifestó.
Acusó que las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma han sido desestimadas o ignoradas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico, por parte de funcionarios del INE.
Pero incluso, en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables”, alertó la JUFED.
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