Los inversionistas estadounidenses acusan que el sistema judicial mexicano ha protegido a Salinas Pliego y su empresa, TV Azteca, al no obligarlo a cumplir con el pago de sus obligaciones financieras en el extranjero. Según el documento, México ha sido negligente al no colaborar con los inversionistas para detener lo que consideran un abuso del sistema judicial en favor del empresario.
Antecedentes del caso
El conflicto tiene su origen en un contrato de fideicomiso firmado el 9 de agosto de 2017, cuando TV Azteca emitió 400 millones de dólares en títulos de deuda. Como parte de este acuerdo, la empresa debía realizar pagos semestrales de intereses a los tenedores de las notas, a una tasa del 8.25% anual sobre la suma total. Sin embargo, TV Azteca dejó de realizar estos pagos a partir del 9 de febrero de 2021, lo que ha generado un adeudo que supera el 36% del valor original de la deuda.
Los inversionistas alegan que TV Azteca obtuvo una sentencia judicial secreta en septiembre de 2022, otorgada por el juez Miguel Ángel Robles Villegas. Esta sentencia permitía a la compañía suspender el pago de sus deudas hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara oficialmente el fin de la pandemia de COVID-19.
Impacto en los inversionistas extranjeros
Este fallo ha generado preocupación entre los inversionistas extranjeros, quienes afirman que México está enviando un mensaje peligroso al proteger a un magnate y sus empresas de cumplir con sus obligaciones financieras. Los fondos de inversión advirtieron que, si el tribunal arbitral del CIADI falla a favor de los demandantes, podría confirmar que México ha violado sus compromisos internacionales y ser condenado al pago de daños económicos a los inversionistas.
Otros problemas legales de Grupo Salinas
Además del conflicto por la deuda de TV Azteca, otras empresas de Ricardo Salinas Pliego enfrentan problemas judiciales. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció el 22 de octubre de 2024 que levantará la suspensión de las acciones de Grupo Elektra, empresa también propiedad de Salinas, que había estado suspendida durante tres meses debido a investigaciones por un posible fraude cometido por depositarios de sus acciones.
Asimismo, Grupo Elektra ha logrado posponer la resolución de varios casos judiciales importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Uno de estos casos está relacionado con una deuda fiscal al SAT de más de 33 mil millones de pesos. Elektra presentó una serie de impedimentos legales para evitar que tres ministros de la SCJN participen en la discusión del caso, lo que ha retrasado la decisión final sobre el pago de estos créditos fiscales.
