Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron enérgicamente frente a la Clínica 13, exigiendo “cuentas claras” sobre la situación del inmueble, que se planeaba entregar a pesar de sus evidentes daños estructurales.
Úrsula Cariño Estrada Lomelí, representante de los manifestantes, cuestionó la inversión de 120 millones de pesos destinada a la rehabilitación de la clínica, que ha operado durante más de 50 años. Según Estrada Lomelí, los trabajos realizados por la empresa encargada no justifican el gasto, ya que la unidad nunca recibió mantenimiento adecuado, lo que ha llevado a un deterioro significativo, incluyendo problemas graves en el drenaje, dejando el edificio en condiciones peores que las de una vivienda deshabitada.
Aunque no se acusa directamente a Zoé Robledo y Javier Guerrero de actos de corrupción en este proceso, Estrada Lomelí enfatizó la necesidad de que estos funcionarios inicien investigaciones para identificar a los culpables de la mala gestión de los recursos.
Además, se filtró información sobre una partida adicional de 30 millones de pesos que se habría destinado a la obra, lo que amplifica las sospechas de mal manejo financiero y la urgencia de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.
Los trabajos de rehabilitación comenzaron el 11 de septiembre de 2023, con la promesa de que estarían finalizados en cuatro meses. Sin embargo, más de un año después, la obra sigue sin concluir y los trabajadores han manifestado su negativa a recibir el edificio en su estado actual, lo que genera preocupación sobre la seguridad y la calidad del servicio de salud en la región.
