Concluyó este miércoles el periodo de audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de México de que se dicten medidas cautelares para la protección de sus recintos diplomáticos en Ecuador, luego de la irrupción violenta a su embajada por parte de fuerzas policiacas el pasado 5 de abril.
Este día tocó el turno de exponer sus argumentos orales a la delegación del Ecuador que estuvo encabezada por Andrés Terán Parral, embajador ante Países Bajos, quien solicitó a los 15 jueces de la Corte desestimar la petición de México al que acusó de haber incumplido su obligación de cooperar bajo la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
“México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción y está sujeto a procedimientos en marcha relacionados con más casos de corrupción y otros delitos”, expuso.
El diplomático ecuatoriano añadió que resulta innecesario dictar medidas provisionales pues lo ocurrido aquel 5 de abril “fue excepcional”, no volverá a suceder y su gobierno ha ofrecido la garantía de protección a sus instalaciones.
México presentó el 11 de abril una demanda contra Ecuador por el allanamiento de su representación en Quito de donde la policía extrajo por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas, a quien se le había otorgado el asilo político, pese a estar sujeto a un proceso penal ordinario por casos de corrupción.
En espera de sentencia definitiva, nuestro país a través del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, expuso ayer la solicitud de cuatro urgentes medidas provisionales:
Que el gobierno del Ecuador respete la inviolabilidad del derecho internacional sobre locales diplomáticos y las residencias privadas de los agentes diplomáticos, y que tome las medidas adecuadas para protegerlos, así como los bienes y archivos que se encuentran en los mismos, evitando cualquier forma de perturbación.
Que permita a México desocupar la embajada y las residencias particulares de los diplomáticos.
Además, que garantice la no adopción de medidas en perjuicio de los derechos de México respecto de cualquier decisión que la Corte pueda dictar.
Finalmente, que se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia presentada ante la CIJ.
Una vez con los argumentos expuestos por ambas partes, la Corte comenzará su deliberación que podría llevarle, al menos, un par de semanas para luego pronunciar su resolución en audiencia pública.
