Luis Osvaldo Peralta Rivera, encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció presuntas irregularidades por más de 400 millones de pesos durante la administración de Lorenzo Córdova, quien fue consejero presidente del instituto de 2014 a 2023.
Durante su reunión con la junta directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el contralor presentó el informe de resultados 2023 y aseguró que ya existen denuncias en curso respecto a las presuntas irregularidades.
“Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia, efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el Instituto”, explicó.
Peralta Rivera dijo que en 2023 recibieron más de dos mil denuncias por diversas irregularidades, de las cuales se abrieron 715 investigaciones.
¿Cuáles son las presuntas irregularidades detectadas en el INE?
El diputado Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio a conocer que previo a la reunión, el contralor les dio a conocer el monto aproximado de las irregularidades, el cual es de 400 millones de pesos.
Uno de los casos emblemáticos, según explicó el contralor, fue el gasto de 11 millones 614 mil pesos en una Memoria de Gestión Institucional 2014-2023, correspondiente al ejercicio de Córdova, pero que jamás se entregó.
“Este proyecto tenía como finalidad hacer un informe de toda la gestión del anterior titular de la presidencia del Consejo General, pero terminó no siendo eso, terminó en tres contratos, con una inversión de más de 11 millones de pesos, para que dieran asesoría a los servidores públicos del INE, como si no hubiese el personal necesario y capacitado para hacer esto”, explicó.
Dijo que esto es duplicidad de funciones y un asunto que ya está en investigación.
También reveló que hay 16 millones de pesos no justificados en obras por más de 120 millones en el edificio de la Junta Local del INE en Zacatecas.
“Se detectaron irregularidades contundentes y ya hay sanciones respectivas, y están los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa que esperemos se resuelvan”, dijo.
Proceso electoral no está en riesgo
Pese a las irregularidades detectadas, el contralor fue enfático al mencionar que ninguna pone en riesgo el proceso electoral que se lleva a cabo actualmente.
“Tenemos que admitir que, como en cualquier dependencia o ente gubernamental, existen dificultades administrativas derivadas de las inercias generadas a través de los años, sin embargo, ninguna de las situaciones que actualmente se enfrentan pone en riesgo el Proceso Electoral”; dijo.
Las sanciones pueden ir desde la amonestación y la suspensión hasta la destitución y la inhabilitación para los servidores públicos en activo; sin embargo, en el caso de los funcionarios que ya no están laborando, como es el caso de Lorenzo Córdova, ya no se puede hacer nada contra ellos.
Las irregularidades del INE en 2022
Esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en la gestión de Córdova. En el informe dado a conocer en 2023, la irregularidades detectadas fueron adjudicaciones directas; contratación de obras, servicios y arrendamientos con deficiencias, así como pagos no justificados en la construcción de inmuebles.
En ese año, el entonces contralor del INE, Jesús George Zamora, presentó su informe con el balance de la gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente.
En el informe, el contralor observa también la existencia de remanentes presupuestales con los que el INE ha llevado a cabo las aportaciones a dos fideicomisos que, desde hace más de un año, han sido señalados como irregulares por parte de diputados de Morena y de la Secretaría de Hacienda: el de pasivo laboral y el de infraestructura.
En dichos fideicomisos, George Zamora reporta que, de 2014 a 2022, se habrían aportado 2 mil 621 millones de pesos al de pasivo laboral y 2 mil 977 millones de pesos al de infraestructura, provenientes de los remanentes presupuestales, de hasta 10% del presupuesto total asignado al INE en el caso del 2020.
