Los cárteles de la droga desplazaron a los polleros como los principales traficantes de migrantes en la frontera y, a pesar de que el gobierno ya reconoció el fenómeno, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS) no contemplan este fenómeno.
Al respecto, Max Morales, asesor en temas de seguridad, señaló que los polleros que ofrecen sus servicios, usualmente dejan a los inmigrantes en la frontera norte, justo antes de entrar a EE. UU. y ahí es donde los cárteles extorsionan a los indocumentados, ya sea para sacarles más dinero (a ellos o sus familias) o para obligarlos a contrabandear drogas.
También advirtió negligencia por parte del gobierno para reconocer estos delitos, pues entran en las investigaciones que se deberían hacer por tráfico de personas a manos de la delincuencia organizada. En este sentido, afirmó que se trata de “un problema severo”, pues el gobierno mexicano está haciendo trabajos de contención migratoria.
Además, de acuerdo con Global Iinitiative Against Transnational Organized Crime, México es el país de América con más incidencia en contrabando de personas, pues en su reporte Índice Global de Crimen Organizado (IGCO) 2023 se advierte que este fenómeno se sostiene debido a la cercanía con Estados Unidos (EE. UU.), el alto flujo migratorio y la presencia de cárteles de la droga en las fronteras.
El IGCO revela que México ocupa la primera posición en América tanto en trata como en contrabando de personas. Al respecto, destacan que es “un vínculo crucial entre América del Norte y los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, para las víctimas de trata de toda la región”.
Aunado a esto, se estima un subregistro en el estudio de este delito, pues la mayor parte de las víctimas son migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe que se ven obligados a desplazarse en México para llegar a EE. UU. por problemas de violencia.
De acuerdo con el estudio, la extorsión de las que son objeto en sus países de origen (Guatemala, El Salvador y Honduras) es el principal motivo por el que escapan de sus hogares, “lo que aumenta su vulnerabilidad a otros mercados criminales, específicamente la trata y el contrabando de personas”.
El contrabando de personas o migrantes es definido por el cuerpo diplomático de Estados Unidos como la acción voluntaria de una persona para establecer un acuerdo con un contrabandista para entrar a un país extranjero traspasando sus fronteras.
En este sentido, el gobierno mexicano cuenta con el Artículo 159 de la Ley de Migración, donde se imponen hasta 16 años de prisión a quien:
I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;
II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o
III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.
Sin embargo, en la base de datos del Secretariado no se especifica este delito, pero sí hay uno que dice “Otros delitos que atentan contra la libertad personal” (ODACLP), por lo que el analista Max Morales advierte una intención por parte del gobierno de maquillar las cifras de tráfico de personas, misma que se intensifica en los estados donde pasan migrantes.
Por ejemplo, en lo que va de 2023, se registraron 2 mil 678 casos de ODACLP en Baja California, 2 mil 119 en Nuevo León, 629 en Tamaulipas y 759 en Chihuahua; mientras que en lugares (incluso con alta criminalidad) como Guanajuato, no se registraron casos de este tipo de delito; asimismo, se destacan las urbes como la Ciudad de México y el Estado de México con mil 496 y 6 mil 204, respectivamente.
En opinión de Morales, se trata de la construcción de una narrativa gubernamental por negar los altos índices de seguridad, tal como lo hace con los desaparecidos en México al modificar los registros oficiales; sin embargo, sostuvo que estos delitos sí existen.
Otros crímenes en México
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes está en reducción desde 2018, pasando de 28 mil a 22 mil en 2022. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que los homicidios dolosos tienen una reducción del 18%, el feminicidio bajó 28%, el robo bajó 25% y el secuestro se redujo al 77 por ciento.
Sin embargo, esta misma dependencia reconoció un incremento del 4% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, así como un aumento del 29% en los delitos fiscales. Al respecto, el doctor Javier Oliva, investigador de la UNAM, apuntó que los delitos fiscales son el corazón de los cárteles, pues el lavado de dinero es la parte final de sus múltiples delitos, pues es ahí donde legitiman todo el dinero que obtienen de sus otros crímenes, por lo que urgió el reforzamiento de las investigaciones de inteligencia fiscal.
