Tribunal Electoral confirma resolución del INE que da carpetazo a Operación Safiro
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral en la que dio por cerrado el caso Operación Safiro, con la que supuestamente el PRI recibió aportaciones de entes prohibidos para sus campañas locales de 2016.
“El pleno de la Sala Superior estuvo de acuerdo con la determinación del INE debido a que la valoración probatoria que realizó fue correcta. Lo anterior, ya que, aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI”, informó el tribunal en un comunicado.
Según los magistrados, Morena no desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
El Tribunal coincidió con la resolución del INE porque no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaron.
La resolución del INE sobre la operación Safiro
El 30 de marzo, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que cerró las investigaciones por el presunto financiamiento ilegal a las campañas del PRI a través de un esquema conocido como Operación Safiro, consistente en desvíos millonarios del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016.
La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UFT) describe detalladamente la triangulación de recursos del gobierno federal y local a través de empresas fachada.
Originalmente, la UTF proponía declarar fundado el caso de financiamiento ilegal al PRI y, al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, la multa que le hubiera correspondido al partido ascendía a 500 millones de pesos.
Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización se impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así fue presentado el proyecto al Consejo General.
Qué es la operación Safiro
La Operación Safiro se convirtió en un caso electoral a partir de quejas presentadas por Morena, PAN y PRD en el año 2017, en las que se acusó al PRI de financiamiento ilegal utilizando el método de triangulación de recursos a través de un convenio denominado “Fortalecimiento Financiero”, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal.
En su investigación, la unidad técnica del INE concluyó:
“Una vez recibido el dinero por parte del Gobierno de Chihuahua se realizaron simulaciones de contrataciones con cinco empresas para finalmente transferir el recurso denunciado al Partido Revolucionario Institucional, con el fin de financiar sus campañas electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015 -2016 en los estados que no contaban con gobiernos priistas.
Además, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó que 4 millones de pesos fueron canalizados al PRI a través de un contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y la empresa Jet Combustibles SA de CV, de la que es accionista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es el político de más alto nivel que cayó preso por la Operación Safiro y que en febrero fue absuelto por un Tribunal de Chihuahua.
Las investigaciones involucran también a otras dos empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez: Crec Desarrollos SA de CV y Norte de Coahuila S de PR de RL.
