Ya sea en entornos urbanos o rurales, las niñas y adolescentes están expuestas a delitos sexuales en los municipios donde el año pasado se registraron 30 casos de madres entre los diez y los 14 años.
Al respecto, activistas alertaron que la incidencia de estos delitos es el reflejo de un sistema arraigado de roles que cosifica a las mujeres y a las niñas. Una forma de reducirlos, indican, es reforzar el alertamiento sobre estos casos y facilitar las investigaciones.
Una búsqueda sobre la incidencia en abuso sexual, violación, tráfico de menores, corrupción de menores y trata de personas, realizada municipio por municipio en los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que, por ejemplo, durante 2024, en Celaya se abrieron 136 carpetas de investigación por abuso sexual y 111 por violación, tanto simple como equiparada. Hubo 126 casos de corrupción de menores y uno de trata de personas.
También municipios más pequeños, con menor población y alejados de los núcleos urbanos, como Chilapa de Álvarez, Guerrero, reportaron tres violaciones y dos casos de abuso sexual. En Matehuala, San Luis Potosí, hubo 40 denuncias por abuso y 26 por violación. En Ocosingo, Chiapas, el año pasado hubo 12 casos de violación y dos de abuso sexual. Tecomán, Colima, tuvo 40 carpetas por abuso sexual y 23 por violaciones, además de cuatro por corrupción de menores. Pánuco, Veracruz, reportó al SESNSP 26 abusos sexuales, cinco violaciones y un caso de corrupción de menores.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/07/13/mapa-de-mexico-con-la-incidencia-de-delitos-sexuales-contra-menores.jpg "Imagen Intermedia")
La situación empeora en localidades urbanas o capitales estatales. Por ejemplo, en Monterrey se iniciaron 313 carpetas por abuso sexual, 330 por violaciones y 66 por corrupción de menores. En Puebla hubo 425 por abuso sexual, 240 por violación, 21 por trata y 19 por corrupción de menores.
Ciudad Juárez, Chihuahua, fue de los municipios con mayor incidencia en delitos sexuales: 732 casos de abuso sexual, 786 de violación, 80 de corrupción de menores y 26 de trata de personas. Tlajomulco, Jalisco, registró 839 denuncias por abuso sexual, 52 por violación, 16 por corrupción de menores y una por trata.
APOSTAR A ESTRATEGIAS DE CAMBIO DE CÓDIGOS CULTURALES
Para José Pablo Balandra, director de Operación de la organización Reinserta, esta situación persiste a pesar de que la ley sanciona este tipo de violencias, por lo que hay que apostarle también a estrategias de no normalización, de cambiar códigos culturales que permiten, por ejemplo, los matrimonios infantiles en algunas localidades rurales de Guerrero.
En entrevista con Excélsior, señaló que para empezar a revertir estas violencias se tiene que avanzar por muchos frentes, por ejemplo, fortalecer la parte jurídica de atención para identificarlas, denunciarlas y sancionarlas.
Poco a poco ir cambiando esta cultura, porque si nos vamos a comunidades (el problema) tiene a que ver también con la normalización de cómo son vistas estas niñas”, advirtió.
En Reinserta, dijo, han conocido casos en los que el violentador es el hermano, el papá, alguien del círculo cercano de la víctima. Aunque la familia da los primeros pasos para atender el problema, se frenan en la parte jurídica o penal por temor a que se resquebraje su círculo familiar. Ahí, explicó, es cuando se necesita que las autoridades sean muy sensibles para que se geste alguna responsabilidad.
Al final, esas niñas no son madres, son violadas, hay que decirlo así; vivieron un delito y es uno de los delitos que transgrede, te rompe por dentro porque se metieron con lo más íntimo, que es tu propio cuerpo”, indicó.
Insistió en que debe haber una línea muy clara de detección y de atención por parte de las autoridades.
Qué pasaría si en los sistemas de salud, en estas clínicas donde estas niñas hacen la labor de parto, rápido se investiga, hay una clara comunicación con las procuradurías especializadas, se empieza a gestar una línea de mando, de atención con Ministerios Públicos”, dijo.
La atención a estos casos, planteó, tiene que ser de facto, de oficio. “Una niña de diez años, de ocho años o de 13 no puede hacer un consentimiento ante una violación porque eso es lo que es con hombres que les doblan la edad. Está muy clara la ruta de saber qué tenemos que hacer y, por tanto, hay que asignarle costos, que es la otra parte importantísima de la ecuación, el tema presupuestal”, finalizó.
