Aunque por primera vez un cuerpo policiaco federal podrá conocer de los delitos del fuero común en estados y municipios, como ocurrirá con la Guardia Nacional (GN), los gobernadores y alcaldes que soliciten su auxilio tendrán que asumir por escrito el compromiso de profesionalizar a sus policías y tendrán plazos perentorios para hacerlo, ordena la nueva ley de la Guardia Nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la GN y a las autoridades de las entidades federativas y municipios se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el secretario (de la Defensa), el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes.
“En los convenios se establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la GN, a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente.
“Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas”, dice la iniciativa presidencial.
Ayer, Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de nueva ley de la Guardia Nacional, que emana de la reforma constitucional del año pasado que la trasladó al Ejército, con el mandato de que estará integrado por militares con formación policiaca.
La iniciativa presidencial también incluye reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; así como a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales.
El artículo 25 de la nueva ley dice que ésta “será competente para conocer de delitos federales; sin embargo, en coadyuvancia podrá conocer de delitos del fuero común, previo convenio con las autoridades de las entidades federales y municipales”.
En el artículo 78 explica que “participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios para la realización de operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de las instancias que compongan el Sistema”.
Y en el artículo 80 ordena que los gobernadores y alcaldes que firmen estos convenios, que sólo podrán ser rubricados por el secretario de la Defensa, deberán “asistir a las reuniones de coordinación que se convoquen; aportar la información necesaria para cumplir con los fines de la colaboración.
“Mantener, conforme los parámetros que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para atender las necesidades en materia de seguridad pública en el ámbito de su competencia.
“Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la ley en la materia; presentar informes periódicos sobre el avance del programa de fortalecimiento”, dispone.
TÉRMINOS
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública propuesta por la presidenta Sheinbaum plantea ocho cambios con relación al Ejército y las Fuerzas Armadas.
Se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones públicas del país.
Deberán prevenir lo necesario en los presupuestos de Egreso de la Federación y de las entidades federativas.
Con el ajuste, en caso de ser aprobado, los gobernadores y ediles que soliciten el apoyo de la GN deberán comprometerse por escrito a profesionalizar a sus policías.
