El Senado de Colombia rechazó el miércoles una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro sobre una reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores, marcando una nueva derrota para el Gobierno en el Congreso.
Con la negación, con 49 votos en contra y 47 a favor, Petro no podrá convocar a la consulta.
Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta de X, al tiempo que anunció que apelará la votación.
Sin embargo, el Senado decidió revivir la discusión de un proyecto de ley para discutir la reforma laboral que negó en marzo una comisión legislativa.
Pero la iniciativa también enfrenta el riesgo de no avanzar en el Congreso por falta de tiempo y el rechazo de la oposición.
La consulta pretendía limitar la jornada laboral a máximo ocho horas, aumentar del 75 por ciento al 100 por ciento el recargo por el trabajo dominical o en días festivos, garantizar seguridad social a los trabajadores de plataformas de reparto, autorizar citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes, y promover contratos a término indefinido.
La reforma laboral es una de las principales iniciativas de Petro, quien asumió en agosto del 2022 como el primer presidente de izquierda de Colombia con la promesa de reducir la desigualdad y la pobreza.
El mandatario, que no tiene una sólida coalición en el Congreso, logró previamente la aprobación de una controvertida reforma pensional cuya legalidad analiza la Corte Constitucional, al tiempo que intenta a través del legislativo un cambio al sistema de salud con el argumento de que se debe garantizar el acceso a toda la población y desmontar un negocio que beneficia a empresas privadas.
Desde China, en donde se encuentra de visita oficial, Petro calificó la decisión del Senado como un “fraude” y pidió una movilización masiva en las calles para defender los intereses de los trabajadores.
Con información de AFP.
