La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidenta, Guadalupe Taddei a cumplir con las suspensiones otorgadas para detener el proceso de la elección judicial del próximo 1 de junio.
“Desde la JUFED hacemos un llamado respetuoso, pero firme a la presidenta Guadalupe Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional”, se indicó en un comunicado.
Esta organización afirmó que la Constitución y la Ley de Amparo no son negociables, y rechazó el señalamiento de “perversa” a la advertencia de las consecuencias legales en caso de su incumplimiento.
“La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales.
“Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura ‘perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”, indicó la JUFED.
Se explicó que en artículo 107 constitucional se establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción.
“Su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia”, argumentó la organización encabezada por la jueza Juan Fuentes.
Esta agrupación de magistrados y jueces federales rechazó que sea una amenaza advertir a la población que participe como funcionario en la elección judicial, podría colocarla en una situación de vulnerabilidad legal.
“Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”, indicó la JUFED.
