La Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de la reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico en territorio nacional, así como el fracking para la extracción de gas naturales, la operación de minas a cielo abierto y concesiones de uso de agua en zonas de baja disponibilidad.
La reforma establece que “el maíz, elemento de identidad nacional, como alimento básico destinado al consumo humano y su cultivo deben ser libres de transgénicos y de cualquier otra modificación genética”.
El Estado, dice, deberá fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, ésta sea “libre de cultivos y semillas de maíz transgénicas y todas aquellas genéticamente modificadas”.
El 14 de agosto, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura aprobó la reforma con 30 votos en favor y siete en contra y desde entonces está a la espera de que el pleno de la Cámara de Diputados, ya con la LXVI Legislatura, abra su proceso de aprobación.
El dictamen ordena, en su régimen transitorio que “se respetarán los contratos, concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a particulares con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en términos de ley”, en relación de minas, concesiones de agua y extracción de gas natural.
Pero incluye disposiciones que se contraponen al fallo del arbitraje internacional que perdió México, pues dice que a partir de la entrada en vigor de este decreto, el ingreso al país de maíces genéticamente modificados con destino distinto al consumo humano únicamente debe permitirse en su modalidad de maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar.
Precisa que la modalidad de maíz quebrado puede exceptuarse siempre que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología; las prácticas de cultivo, el medio ambiente y la biodiversidad agrícola, la diversidad de la población mexicana y sus patrones de consumo, y las características que hagan factible la trazabilidad de las medidas relacionadas para la inocuidad de su uso en territorio mexicano.
Para la prohibición del fracking y de las minas a cielo abierto, el dictamen dice que se autorizarán “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal, a través del comité que señale la ley, por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
Para el derecho al agua, la reforma dice que para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible, estará “preferente sobre cualquier otro uso”.
Cabe recordar que hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en febrero de 2025 el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, en respuesta a la resolución del panel del T-MEC sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.
“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero (en el próximo periodo de sesiones), van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos: ¡Sin maíz, no hay país!”.
