Por unanimidad de 122 votos de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Senado aprobó la reforma constitucional para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en materia de inteligencia y coordinación del Gabinete de Seguridad Federal.
En el dictamen aprobado se le da a la SSyPC la capacidad para generar investigaciones en materia de delitos y dar cumplimiento de órdenes de aprehensión, a fin de coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en esas tareas.
Se aprobó la modificación al Artículo 21 Constitucional y las nuevas atribuciones de la SSyPC, a cargo de Omar García Harfuch “permitirán la colaboración y coordinación en materia de seguridad”, para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“Además de fortalecer la colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, se mejorará la calidad de la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales serán dirigidas y coordinadas por la SSPC.
“Desarrollará e implementará, además, políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública”, plantea la enmienda constitucional.
Al fortalecerse las labores de inteligencia de la SSyPC se busca un esquema más eficaz de combate al crimen y protección de los ciudadanos.
“Se busca habilitar a los agentes para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública, así como mantener una efectiva coordinación con la FGR y las otras corporaciones de seguridad pública que operan en el territorio nacional”, apunta el dictamen.
También se amplían las facultades de la SSyPC en materia de coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al auxilio que se preste a la Presidencia de la República en materia de seguridad pública.
La reforma aprobada deja en claro que la SSyPC es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones.
“Las que deberán proporcionarle la información de que dispongan en la materia. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”, se apunta en el dictamen aprobado.
El Artículo 21 Constitucional se modifica también para garantizar el control y vigilancia efectivos de los fondos federales destinados a la seguridad pública, como garantía de un buen gobierno para la población.
Y establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos, la realización de acciones que homologuen estándares de actuación, y la coordinación y concurrencia eficiente entre los tres órdenes de gobierno.
jcp
