Las reformas a la Constitución son revisables para garantizar que tengan legalidad y estén en plena armonía con el espíritu de la Carta Magna, afirmó Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista para Imagen Radio, explicó que el artículo 40 constitucional define a nuestro país como una república democrática, representativa, laica y federal, lo cual es base para todas las normas. “Eso demuestra que sí es impugnable una constitución”, aseguró.
El ministro, autor del proyecto que el pleno de la SCJN discutirá el martes, y que propone invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial para sólo dejar en pie la elección de juzgadores, señaló que una prueba de que sí se pueden impugnar los cambios constitucionales es la preocupación que exhibió el oficialismo al impulsar y apresurar la reforma que impide impugnar la Constitución.
Tras su aval en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y en tiempo récord por parte de las 17 Legislaturas estatales necesarias para declarar su validez, la reforma se publicó la noche del jueves en el portal web del Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, González Alcántara Carrancá aclaró que este ajuste constitucional no aplica para el análisis de la reforma judicial que se hará la próxima semana, pues ya está en etapa de resolución, no de trámite.
“El trámite concluyó felizmente antes de que fuera aprobada esta reforma y, desde luego, ratificada como reforma constitucional por las entidades del país. Ahora el proyecto está en el pleno, lo hice público esta semana, el lunes, y entonces no se aplica la reforma que aprobaron, porque no está en trámite la resolución y las impugnaciones se encuentran ya en el pleno, está en fase de resolución”, detalló.
La discusión, agregó, podría llevarse un día o dos según lo determinen los propios ministros.
“Tendremos que pasar a la fase de cumplimiento, que será totalmente de acuerdo con lo que se apruebe, o se deje de aprobar, en esta posible sentencia que hemos presentado a los diez ministros restantes de nuestro máximo tribunal constitucional.
González Alcántara Carrancá llamó a estar tranquilos por el eventual impacto de la reforma antiamparos. “No se aplica la reforma a estos asuntos, a estas acciones de inconstitucionalidad, porque se cerró la instrucción con anticipación a su aprobación y, desde luego, a su promulgación que iba a haber”, enfatizó.
Advierte risis constitucional
Consultado sobre si el país está en una crisis constitucional debido a que las resoluciones de los jueces no han sido atendidas por diversas autoridades, consideró que se está en una fase previa a dicho escenario, “que se agravaría y se declararía si no hay un respeto a la resolución que nosotros dictemos en el tribunal constitucional”.
Recordó que los tribunales constitucionales están para vigilar el cumplimiento de la Constitución. “Se puede revisar si hay procedimiento, si el contenido no entra en conflicto con la propia Constitución, con el espíritu de la Constitución; si el contenido viola o violenta los derechos humanos de la población y las garantías que hemos establecido, o el régimen de República democrática representativa laica y federal. Si se viola una de esas cuestiones, la Corte tendría que revisar”, agregó.
Respecto a las voces que afirman que la SCJN no tiene esa facultad, indicó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar la resolución del pleno.
Lo que sería lamentable, expresó, es que sin saber el resultado de una discusión libre y soberana que habrá en la Corte no se acate el resultado.
Corte le saca bandera blanca al gobierno y llama al diálogo
El proyecto para revisar la reforma judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo martes es una bandera blanca al gobierno federal para negociar y buscar el bienestar de la población, afirmó el ministro Luis González Alcántara Carrancá.
Para el autor de la propuesta, las amenazas que han lanzado “gentes muy aceleradas” para iniciar un juicio político contra los ministros que se han expresado en contra de la reforma judicial son una respuesta visceral y totalmente al margen de la ley porque los integrantes de la Corte sólo están cumpliendo con su función y no pueden ser responsabilizados por ello.
El ministro señaló que nadie tiene derecho a utilizar este tipo de instrumentos para hacer prevalecer una opinión y no la ley.
“Nosotros creemos que es importante que entienda la gente, que se serene, se analice y se discuta claramente frente a qué estamos. Estamos frente a una reforma que perjudica el sistema de administración de justicia cuyo cambio se dio a partir de la reforma de 1994 en el gobierno del presidente Zedillo y que se ha ido consolidando en el Poder judicial Federal no en los poderes judiciales de los estados”, indicó.
Incluso, destacó, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no buscará llevar a los ministros a juicio político, por lo que ha llamado a que se espere la votación de los ministros la próxima semana.
González Alcántara Carrancá reiteró que su proyecto es “todo lo contrario a una provocación que nosotros consideramos pudiera leerse en él”.
Se trata, reafirmó, de “una forma de sacar la bandera blanca y entrar a un diálogo, un diálogo respetuoso, pero sobre todo de buena fe; es un canal de reconciliación a la crisis que estamos a punto de iniciar, que no sabemos cómo puede terminar”.
Pascal Beltrán del Río
