La cita es este martes en el Ministerio de Trabajo, a las 16.00. Allí ha citado el Gobierno a los negociadores de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE-Cepyme para la que, según dijo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey la pasada semana, será la última reunión para intentar sellar un acuerdo de reducción de la jornada laboral. El objetivo del encuentro entre Trabajo y los agentes sociales es recortar la jornada máxima legal de las 40 horas semanales que recoge la ley a 37,5 horas en 2025, sin precisarse aún en que momento del año que viene esta reducción podría ser una realidad. Las partes llegan a este martes tras casi un año de negociaciones, en el que se han celebrado una veintena de reuniones durante las que ha sido imposible no ya llegar a un acuerdo, sino prácticamente sellar algún avance. Ahora la pelota está en el tejado de los empresarios: las patronales deberán decidir este mismo martes o en próximos días si respaldan o no una reducción de jornada pactada; mientras que el respaldo sindical no parece peligrar.
En la reunión —que se celebrará en medio del tenso clima que vive el partido que sustenta a la vicepresidenta del Gobierno y titular del departamento, Yolanda Díaz, por el escándalo del portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón—, los responsables de Trabajo presentarán un nuevo paquete de ayudas directas a las pymes. Este irá destinado, según los conocedores de la propuesta, a empresas de menos de 5 trabajadores de aquellos sectores que tengan actualmente jornadas más alejadas de las 37,5 horas ansiadas por el Gobierno. La oferta, adelantada por este periódico, se trata de un último intento de atraer al acuerdo a las patronales, que hasta ahora se han cerrado en banda a suscribir un pacto para reducir el tiempo máximo legal de trabajo.
Las ayudas que Pérez Rey pondrá este martes sobre la mesa se sumarán a las ofrecidas por el Ejecutivo en las dos últimas reuniones a través del denominado Plan pyme 375, que consiste en bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas de menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los dos millones para las contrataciones o conversiones de contratos a tiempo parcial en tiempo completo que se han para compensar el recorte legal de la jornada. De momento, los representantes patronales han rechazado ese esquema por considerarlo claramente insuficiente, según fuentes empresariales que han asegurado que “ninguna microempresa va a hacer una sola contratación” con dicho plan. De hecho, según cálculos de las empresas, el recorte de la jornada puede tener un impacto de entre 11.800 y 40.000 millones de euros, “mientras que las medidas del Gobierno para compensar no son reales”.
La nueva oferta de ayudas económicas directas a las micropymes se acerca más a las pretensiones de los empresarios, pero, según fuentes consultadas, las patronales no tienen intención de firmar ningún acuerdo que suponga la entrada inmediata de la reducción de jornada para todas las empresas en algún momento de 2025. Es decir, que volverán a exigir que se respeten los convenios colectivos actualmente vigentes hasta que estos finalicen su vigencia (el periodo media de vigencia de los convenios es tres años). Esta exigencia se compadece con que los sindicatos acusen a sus contrapartes de no querer que la reducción del tiempo de trabajo se haga por ley sino a través de la negociación colectiva.
Buscarán el recorte aunque no haya acuerdo
En este escenario Pérez Rey lanzó un ultimátum la pasada semana: “Lo que haremos [en la reunión de este martes] será decir: empresarios, organizaciones sindicales, digan de una vez si esto [las nuevas ayudas directas] vale o no vale para llegar a un acuerdo porque, si no vale, el compromiso de Trabajo es, con los ciudadanos y también cumplir estrictamente el acuerdo de Gobierno de coalición, que pone que la jornada máxima legal será de 37,5 horas semanales en 2025; y con acuerdo o sin él vamos a cumplir con ese compromiso”.
La advertencia de que el Ejecutivo intentará sacar adelante esta reducción aunque no sea respaldado por los empresarios no es nueva, ni mucho menos. La propia ministra Díaz ya lo adelantó antes incluso de la primera reunión que tuvieron los agentes sociales de esta mesa de diálogo el pasado 25 de enero. Para ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tendrá que llevar al Parlamento, con carácter de urgencia, un proyecto de ley de reducción de la jornada máxima legal. Sin embargo, a nadie se le escapa que esta norma tendrá sus dificultades para ser aprobada, debido a la difícil aritmética parlamentaria cuyas costuras se ponen a prueba a diario con los socios de investidura del Gobierno. Además, llegaría en medio de la negociación presupuestaria en la que están inmersos los grupos. Los líderes sindicales, por su parte, han pedido recientemente incluso al PP que apoye esta medida en el Parlamento.
Ese proyecto de ley no se limitará a recortar en el Estatuto de los Trabajadores la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales en cómputo anual para todos los trabajadores españoles, sino que el Ministerio de Trabajo pretende incluir también una reforma del actual modelo de registro horario diario de la jornada, que es obligatorio en todas las empresas. El cambio consiste en obligar a que dicho registro sea forzosamente digital (ahora puede realizarse por el sistema que escojan las empresas, incluido el papel) e interoperable desde la Inspección de Trabajo, de forma que los inspectores puedan acceder a estos registros de forma remonta siempre que lo requieran. Es más, el Ministerio de Díaz ya ha dicho en varias ocasiones que, de no salir adelante la reducción de jornada en el Parlamento, acometerá igualmente este cambio en el registro horario, ya que es algo que puede hacer unilateralmente en un desarrollo reglamentario.
Además, la norma desarrollará algo más el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores fuera de su jornada, algo que, en principio, no ha despertado el rechazo de ninguna de las partes. Los responsables de Trabajo siempre han defendido que la disminución del tiempo de trabajo no serviría de nada sin un registro horario realmente eficiente y el desarrollo del citado derecho a la desconexión de los empleados.
