El reciente anuncio de la Magistrada María Emilia Molina de la Puente, directora regional de Igualdad de Género del Primer Circuito de la JUFED, ha generado una profunda preocupación entre expertos legales y defensores de derechos humanos.
Durante una entrevista con Aristegui En Vivo, Molina criticó la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por ignorar los amparos y suspensiones judiciales relacionadas con la reforma judicial. La magistrada calificó esta acción como una clara violación al Estado de Derecho y un atentado contra los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Una decisión que pone en peligro la justicia
El pasado miércoles, el CJF aprobó, con cuatro votos a favor y tres en contra, entregar información crucial al Senado para la elección de jueces y ministros, a pesar de que las suspensiones judiciales ordenaban detener dicha implementación. Para Molina, esto representa una violación grave a la estructura democrática del país.
“Es una violación al Estado de Derecho, indispensable para garantizar los derechos humanos. Si las resoluciones judiciales no se respetan, el sistema se desmorona”, declaró la magistrada con preocupación.
Molina resaltó que el CJF, como órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial, debería ser el primer garante de los fallos judiciales. Al desconocer amparos, se vulnera la confianza de la ciudadanía en la justicia y se abre la puerta a la impunidad.
Desacato a los amparos: un delito grave
La magistrada fue enfática al mencionar que los amparos no son opcionales y deben ser acatados de inmediato. Ignorarlos constituye un delito, y aunque las decisiones del CJF no son apelables, existen mecanismos legales, como la ley de amparo, que permiten hacer valer estos fallos.
“La aceptación de una suspensión no es optativa. Se debe cumplir, y el incumplimiento es un delito”, subrayó Molina.
Para la magistrada, la gravedad de esta situación es mayor porque no solo afecta la independencia del Poder Judicial, sino que además pone en riesgo la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.
En este contexto, Molina enfatizó que la lucha por la independencia judicial no es solo una cuestión de principios, sino de asegurar que el sistema de justicia funcione para el beneficio de la sociedad.
Preocupaciones sobre las nuevas autoridades judiciales
Molina también expresó su inquietud ante la posible llegada de nuevas autoridades al Poder Judicial, las cuales podrían no contar con la preparación y la independencia necesarias para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. Según la magistrada, esto incrementaría la percepción de corrupción e impunidad, debilitando aún más el sistema judicial.
“Sin jueces independientes y sin respeto por las resoluciones judiciales, el país corre el riesgo de caer en un ciclo de violencia e injusticia”, advirtió Molina.
La falta de garantías para quienes buscan acceder al Poder Judicial no solo afectaría a la Federación, sino también a los sistemas judiciales estatales. Esto podría repercutir en la justicia cotidiana y, particularmente, en el acceso a la protección de los derechos humanos a través del juicio de amparo, uno de los mecanismos fundamentales para la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La independencia judicial, en peligro
El contexto político actual ha hecho que las decisiones del CJF sean percibidas como influenciadas por presiones externas. Incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, admitió haber intervenido en la votación del CJF junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Los políticos hacemos política, y si podemos contribuir al buen funcionamiento del país, lo hacemos”, expresó López.
Sin embargo, para Molina, estas declaraciones solo subrayan la gravedad del problema. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor: garantizar el Estado de Derecho y respetar la Constitución.
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¿Qué sigue para el Poder Judicial?
Molina cerró su intervención con una advertencia contundente: sin el respeto a las órdenes judiciales, el sistema judicial colapsará. En un país donde los políticos y otras figuras de poder desconocen los fallos judiciales, la justicia queda comprometida, y con ella, los derechos de todos los ciudadanos.
“¿Para qué queremos jueces si no se van a acatar sus decisiones?”, cuestionó la magistrada, resaltando la importancia de defender la independencia judicial para preservar el sistema democrático.
