La ciudad de Uvalde, en Texas, llegó a un acuerdo para un pago de 2 millones de dólares con la mayoría de las familias de los niños asesinados en un tiroteo en 2022 en una escuela primaria, dijo el miércoles un abogado de las familias en una conferencia de prensa.
“La ciudad de Uvalde acordó pagar su seguro por 2 millones de dólares, que es todo lo que había”, dijo Josh Koskoff al anunciar el acuerdo.
Diecinueve niños y dos maestros murieron el 24 de mayo de 2022, cuando un hombre armado ingresó a la escuela primaria Robb Elementary School y se atrincheró dentro de las aulas contiguas con decenas de estudiantes.
Una revisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que la policía local había ignorado las prácticas aceptadas al no confrontar directamente al atacante y, en cambio, esperó fuera del aula durante más de una hora a pesar de las llamadas de ayuda de los niños.
Familiares de víctimas rechazan informe
Una investigación que ordenó el gobierno de la ciudad de Uvalde sobre la masacre en la Escuela Primaria Robb no responsabilizó a los agentes de la policía local y defendió la manera en que actuaron, a pesar de que en el documento divulgado el jueves se reconocen una serie de errores durante la fallida respuesta al ataque de 2022 en el que 19 niños y dos maestras fueron asesinados.
Indignados, varios familiares de las víctimas abandonaron el recinto a mitad de la presentación en la que se describió que la respuesta de los agentes del Departamento de Policía de Uvalde fue pronta y apropiada, en contraste con los duros y extensos informes estatales y federales anteriores, los cuales criticaron a las agencias policiales en todos los niveles.
El investigador que presentó el informe culpó a las familias que se presentaron a toda prisa en las instalaciones de la escuela aquel día de poner en riesgo la respuesta policial, ante lo cual varios familiares se pusieron furiosos, y algunos de ellos salieron del lugar.
A las fuerzas policiales les tomó más de una hora entrar en el aula y abatir al agresor, incluso mientras los niños dentro de los salones de clase llamaban al número de emergencias 911 para suplicar que la policía los rescatara.
Otro de los asistentes en la multitud gritó: “¡Cobardes!”.
Jesse Prado, investigador residente de Austin y ex detective policial, que realizó el informe para el Consejo Municipal de Uvalde, describió varias fallas en la respuesta de los agentes locales, estatales y federales en el lugar aquel día: problemas de comunicación, entrenamiento deficiente para enfrentar situaciones donde hay un hombre armado activo, falta de equipo disponible y retrasos en la irrupción en el aula.
“Hubo problemas todo el día con la comunicación y la falta de ella. Los agentes no tenían forma de saber lo que se planeaba, lo que se decía”, dijo Prado. “Si hubieran tenido un escudo antibalas, éste habría bastado para que llegaran hasta la puerta”.
El informe es sólo una de las distintas investigaciones sobre la masacre. Legisladores de Texas encontraron en 2022 que cerca de 400 agentes locales, estatales y federales acudieron al lugar, pero aguardaron más de una hora antes de confrontar al agresor.
En un informe del Departamento de Justicia publicado en enero se critican las “fallas en cascada” de los policías que respondieron a la emergencia.
Pero Prado dijo que su revisión indicaba que los agentes mostraron “fuerza inconmensurable” y “cabeza fría” mientras se enfrentaban a los disparos del agresor y se abstenían de abrir fuego hacia un aula que estaba en la oscuridad.
“Les estaban disparando a ocho pies (2.4 metros) de la puerta”, subrayó Prado.
Prado dijo también que los familiares que se presentaron al lugar obstaculizaron los intentos para establecer una cadena de mando, ya que los agentes policiales tenían que controlar a los padres que intentaban ingresar al edificio o que les rogaban a los policías que entraran.
“Por momentos fueron difíciles de controlar”, dijo Prado. “Querían pasar a través de las barricadas de la policía”.
Los familiares expresaron su indignación cuando Prado dejó el lugar brevemente luego de su presentación.
“¡Tráiganlo de regreso!”, gritaron varios de ellos.
Prado volvió, tomó asiento y escuchó cuando los familiares de las víctimas rompieron en llanto y criticaron el informe, al ayuntamiento y a los agentes que acudieron al lugar del tiroteo aquel día.
“Dieron a mi hija por muerta”, señaló Rubén Zamorra. “Estos policías fueron contratados para hacer un trabajo. No lo hicieron”.
