“Si se confiscan la tierra y el puerto de Vulcan, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición”, adviriteron los legisladores a la Canciller. La firma Vulcan Materials, con sede en Alabama, adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Los senadores estadounidenses Tommy Tuberville, Katie Britt, Bill Hagerty y Tim Kaine, enviaron una carta a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alicia Bárcena, para instarla a tomar medidas con respecto al supuesto “maltrato” del Gobierno mexicano a Vulcan Materials Company, con sede en Alabama, y cuya filial se dedicaba a la extracción de piedra caliza y realizaba operaciones en Quintana Roo.
“Como sin duda sabrá, Vulcan Materials Company (Vulcan) es una empresa con sede en Alabama que cuenta con un puerto de aguas profundas y una cantera de piedra caliza en México. A través de múltiples interacciones con el Gobierno de México (GOM) durante los últimos dos años, hemos buscado una explicación para el trato injusto de Vulcan por parte del GOM. Esta semana se cumplen dos años desde que el GOM invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo, México.”, dice la carta conjunta.
En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la clausura de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, por parte de la empresa Calica, fifial de Vulcan Materials Company. Meses más tarde, la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la empresa estadounidense por el desastre ambiental al sur del país.
“Si se confiscan la tierra y el puerto de Vulcan, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, advirtieron los legisladores estadounidenses a la Canciller Alicia Bárcena.
La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.
El Gobierno mexicano le han bloqueado a la filial los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que ésta pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.
“Vulcan ha operado un negocio ambientalmente galardonado en México durante más de tres décadas, impulsando el crecimiento económico en la región. La hostilidad del gobierno mexicano hacia Vulcan es injustificada y pone en peligro la relación bilateral de larga data entre México y Estados Unidos. Continuaré luchando por la prosperidad de las empresas estadounidenses y espero que esta situación se resuelva rápida y justamente”, dijo el Senador Tuberville.
Por su parte, el Senador Britt insistió que la conducta del Presidente López Obrador es inaceptable e ilegítima, según las leyes mexicanas y el derecho internacional. “Proyectos de infraestructura clave en Alabama y en todo el sureste de Estados Unidos siguen en peligro debido a la anarquía de esta administración presidencial mexicana. Siempre defenderé los intereses económicos y de seguridad de Alabama y Estados Unidos”, dijo.
Asimismo, el Senador Hagerty dijo que la situación de la empresa ha sido recibida con una fuerte reprimenda bipartidista en el Senado, e instó a la administración Biden a presionar inmediatamente al gobierno mexicano para que cambie de rumbo. “Las acciones del presidente López Obrador hacia esta empresa han socavado el Estado de derecho, las normas diplomáticas y las relaciones económicas, comerciales y de inversión dentro de América del Norte”, aseguró.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en octubre que además del predio donde Vulcan Materials explotó la zona para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, la compañía también tiene dos mil hectáreas concesionadas más de selva.
“Hay una denuncia internacional, ellos alegan que la clausura fue ilegal y piden que se les paguen mil 500 millones de dólares. Nosotros planteamos lo opuesto: que destruyeron el territorio. Vamos a defender que ya no se pueda seguir usando como banco de material esta zona, además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando”, dijo el mandatario entonces.
En la carta, los Senadores afirmaron que, junto con el resto de la delegación de Alabama, se unieron para defender a la transnacional en su actual disputa con México. Hasta el momento no se ha conocido la respuesta del Gobierno de México.
