Los diputados españoles aprobaron este jueves por mayoría absoluta la ley de amnistía para los independentistas catalanes, que acerca el regreso a España de su figura más conocida, el expresidente regional Carles Puigdemont. Esta amnistía, era la exigencia que le impusieron los partidos independentistas catalanes al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para posibilitar su investidura.
El texto pasará ahora al Senado, controlado por el conservador Partido Popular, cuya oposición frontal a la norma hará que trate de demorar el trámite hasta los dos meses máximos autorizados, después de los cuales la ley tendrá que regresar a la cámara baja para su aprobación definitiva.
Con esta ley “vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado” y que condujeron a los hechos de 2017, dijo desde la tribuna del Congreso el portavoz socialista, Patxi López.
El texto, que el Partido Socialista (PSOE) negoció con las dos principales formaciones separatistas catalanas, es una de las medidas más controvertidas que ha pasado por el Parlamento desde la llegada de Sánchez al poder en 2018. La votación se produce, además, en plena tensión entre el gobierno de izquierda y el Partido Popular, la principal formación de la oposición conservadora, y el ultraderechista Vox que se cruzan diariamente acusaciones de corrupción desde hace semanas.
La futura ley, que debería beneficiar a unas 400 personas, pretende llevar a los tribunales a retirar los cargos y condenas contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Hace casi tres años, Sánchez ya indultó a nueve independentistas condenados por su participación en la tentativa separatista, aunque durante la campaña para las legislativas del pasado julio aseguró que se oponía a una amnistía. Tras los comicios, acabó cambiando de opinión, ya que los resultados convirtieron en esencial el apoyo de los catorce diputados de las dos formaciones independentistas catalanas —Junts per Catalunya e Esquerra Republicana (ERC)—, para lograr su investidura.
“Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del Gobierno, y (…) porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del Gobierno”, le reprochó en el Congreso el líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La votación del primer texto negociado, el pasado 30 de enero, acabó con un duro revés para Sánchez, después de que los siete diputados de Junts votaran en contra de un texto que juzgaron insuficiente. Esta formación separatista de línea dura está dirigida por Puigdemont, quien se instaló en Bélgica desde 2017 para esquivar a la justicia española.
El temor del exdirigente catalán era que aquella versión del proyecto de ley no le protegiera contra eventuales causas por “terrorismo” o traición. Un mes después, la más alta instancia judicial española anunció una investigación contra él por un presunto delito de “terrorismo”.
Los socialistas tuvieron que retomar entonces las negociaciones, tratando de sortear al mismo tiempo el riesgo de que el nuevo texto sea declarado inconstitucional. La solución encontrada fue eliminar de la nueva versión toda referencia al código penal español y adoptar como único criterio las normas europeas que dan una definición diferente de lo que constituye el “terrorismo”.
La votación de los diputados se produce en un contexto político tenso y agitado tras la sorpresiva decisión anunciada el miércoles por el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, de ERC, de convocar elecciones regionales anticipadas para el 12 de mayo. El movimiento tuvo inmediatamente consecuencias y empujó a Sánchez a renunciar a presentar el proyecto de ley de los presupuestos para 2024 y a prorrogar los del año pasado.
Y, ante este nuevo calendario, Puigdemont también comenzó a hacer cuentas. Visiblemente optimista, el impulsor de Junts indicó el miércoles a los periodistas que le preguntaron en Estrasburgo, donde estaba como eurodiputado, que la ley podría entrar en vigor “probablemente a finales de mayo”, por lo que su retorno podría producirse en las semanas posteriores.
Respecto a las elecciones del 12 de mayo, Puigdemont resaltó que es “evidente” que podría estar presente en el debate de investidura del próximo presidente catalán, aunque no quiso aclarar si modificará sus planes iniciales y renunciará a optar a un nuevo mandato como eurodiputado para ser el candidato de su partido a los comicios regionales.
“El día que tome una decisión al respecto, la comunicaré”, aseguró, indicando que todo era aún “muy prematuro”.
