Los desplazados forzosos en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías donde viven si tienen la oportunidad, pues cubren importantes lagunas en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el Producto Interior Bruto de los países receptores.
Dos estudios realizados por dicha agencia de la ONU y el Banco Mundial revelaron cómo las políticas específicas pueden facilitar el acceso a los mercados laborales formales y a los servicios básicos, como la educación y la sanidad, para que los refugiados y migrantes puedan contribuir mejor a sus países de acogida.
Señalan, por ejemplo, que “el éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la oferta adicional de mano de obra y al impulso de la demanda”, por lo que existe demanda por mano de obra venezolana en los mercados laborales locales: en Ecuador, Perú y Chile, más de 80% están empleados.
Las investigaciones también detallan que existe demanda por mano de obra venezolana en los mercados laborales locales: en Ecuador, Perú y Chile, más de 80% están empleados (en Colombia, cerca del 63%).
Sin embargo, a menudo desempeñan trabajos de menor calificación que los que tenían en Venezuela, y los autores estiman que se debe a que sus títulos académicos no son reconocidos en los países receptores.
La contribución de los venezolanos a la economía podría ser mayor si se pudiera aprovechar por completo las competencias y calificaciones en los países de destino”, señalan los análisis.
Asimismo, también ponen de relieve cómo la xenofobia y la discriminación pueden repercutir negativamente en la inclusión socioeconómica de refugiados y migrantes y mermar su capacidad de participar en las comunidades de acogida.
El primer informe reveló que la mayoría de los venezolanos deseaban permanecer en su país de acogida. Sin embargo, su participación en la comunidad se limitaba principalmente a la actividad religiosa, a pesar de compartir idioma y lazos culturales.
En los cuatro países de acogida, entre 26 y 40 por ciento de los venezolanos denunciaron casos de discriminación, especialmente las mujeres y los jóvenes.
Por ello, las Naciones Unidas recomiendan fomentar políticas que promuevan la cohesión social, eviten la exclusión y minimicen los efectos adversos sobre las poblaciones locales, que sienten amenaza ante los migrantes.
