En la recta final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara su estocada final en contra de los órganos autónomos: el 5 de febrero enviará una iniciativa con la que plantea eliminar a instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros. Expertos consideran un riesgo que no debe minimizarse, porque pondrá el tema a discusión en plenas elecciones presidenciales y, de concretarse, con la siguiente legislatura del Congreso, puede significar un retroceso de décadas para México. “Onerosos”, “facciosos”, “antipopulares”, ‘que no sirven para nada’ y un “legado del periodo neoliberal”, así es como el presidente López Obrador ha llamado a estos órgano s , a los que se les destinan 66,798 millones de pesos como presupuesto.
Especialistas consultados por Expansión Política consideran que las críticas que el presidente López Obrador ha lanzado en contra de los autónomos son un reflejo de la incomodidad que representan para un presidente que ha optado por ‘concentrar el poder’ . “Los órganos autónomos son molestos para el presidente porque fueron construidos para limitar el poder presidencial, para limitar la arbitrariedad del Estado y para fungir como contrapesos o balances al poder presidencial. Ese fue uno de los pilares de la transición a la democracia en México al construir organismos autónomos que limitaron al Poder Ejecutivo y, sin duda, pues resultan incómodos para un presidente como López Obrador que tiende a ejercer el poder de manera unipersonal y arbitraria”, considera Jacques Coste, internacionalista, historiador y consultor político. El surgimiento de los órganos autónomos en México se remonta a la década de los años noventa con el Banco de México, el entonces Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En las siguientes dos décadas se sumaron el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy Inai), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, el cual ya fue eliminado), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa, explica que esta propuesta para eliminar a autónomos es muestra de la visión que tiene el mandatario federal sobre el Estado, en la que el Ejecutivo debe concentrar el poder y, si bien se trata de otro ataque más, apuntó, no debe minimizarse . “No es menor el dicho del presidente, puesto que la candidata de la oposición plantea salvaguardar este sistema, pero la candidata de la coalición del presidente, pues garantiza la continuidad. Entonces, claramente, si se consigue la mayoría calificada para la coalición del régimen que gobierna, pues tendríamos un problema en cuanto a la demolición de este sistema o de esta visión de Estado”, sostiene.
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A ocho meses de que concluya su gobierno, el mandatario federal va por la desaparición de algunos de esos autónomos porque con los recursos que se les destina para su operación tiene otros planes: financiar el sistema de pensiones para que los mexicanos que se jubilen puedan recibir el 100% de su último salario. Aunque uno de los argumentos del presidente es que son onerosos, también asegura que la desaparición no implica despidos de trabajadores. “El dinero que se ahorraría no sería suficiente para organizar un sistema de pensiones para todos los mexicanos, así que eso es una falacia, es totalmente falso”, dice al respecto Jacques Coste.
Ciudadanos pierden con desaparición de autónomos El presidente ha comentado que se evaluará “con lupa” qué órganos autónomos pueden ser eliminados, pero ha adelantado que no se tocarán a instituciones como la CNDH. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador ha atacado a los órganos, exhibido los sueldos de sus directivos y propuesto que las secretarías de Estado asuman sus funciones. Sin embargo, la tabla con la que mide el mandatario federal no ha sido la misma para todos. En los más de cinco años de su gobierno, sus señalamientos van dirigidos principalmente en contra del INE, el Inai, la Cofece, la CRE y el Ifetel. De acuerdo con los expertos consultados, la desaparición de algunos autónomos puede afectar principalmente a los ciudadanos y no a quienes integran esas instituciones. “Esta propuesta de borrarlos de un plumazo es muy peligrosa y es un despropósito porque en primer lugar perderíamos al árbitro electoral autónomo e independiente, lo que comprometería la posibilidad de organizar elecciones limpias, libres y justas con eso. El Estado volvería a organizar las elecciones y sin duda habría una cancha electoral dispareja a favor del partido en el poder. Esa sería la principal implicación”, considera Jacques Coste, también columnista de Expansión Política.
Con él coincide la experta de México Evalúa, quien considera que el Estado puede asumir las funciones de los autónomos, pero con implicaciones para los ciudadanos. “Burocráticamente sí se puede. O sea, el poder sí se puede pero los efectos de eso van a ser afectaciones serias a los usuarios, a los consumidores, a los ciudadanos”, comenta.
Iniciativa con propósitos electorales El lunes 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su iniciativa en la Ciudad de México, la cual requiere de mayoría calificada para su aprobación, sin embargo, Morena y sus aliados no cuentan con los votos suficientes. En la Cámara de Diputados, Morena y aliados tienen 273 votos, pero para los cambios constitucionales se requieren de 334
; mientras que en el Senado la fuerza es de 71 y se requieren 84. Para Jacques Coste, aunque el presidente López Obrador sabe que es complicado que su iniciativa se apruebe, busca que le genere rentabilidad electoral. “No es una propuesta que él considere que va a pasar, sino que es mera gasolina discursiva para su movimiento político, para energizar a sus bases, para movilizar a los simpatizantes de Morena a favor del llamado Plan C electoral. Es decir, votar por Morena para obtener la mayoría calificada en el próximo sexenio”, comenta.
