En un comunicado, el Departamento de Justicia afirma haber presentado “una demanda contra el estado de Texas para impugnar” la ley con el fin de que se declare que la SB4 es inválida.
Es claramente inconstitucional”, afirmó la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, citada en la nota.
La Constitución impide a los estados adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso, añadió la funcionaria.
Texas no puede ignorar la Constitución de Estados Unidos y el precedente establecido por la Corte Suprema”, insistió el vicefiscal general adjunto, Brian Boynton.
En diciembre pasado, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó la ley SB4 que convierte en delito penal entrar ilegalmente a la entidad desde un país extranjero y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia.
En virtud de esta normativa, que supuestamente entraría en vigor en marzo, las autoridades locales tendrían la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación necesaria para entrar y los jueces, la de expulsarlos.
Como era de prever, el gobierno federal, que es el que regula la migración y gestiona las fronteras exteriores, respondió en los tribunales.
En el pasado, la Corte Suprema ha confirmado que las decisiones relacionadas con la expulsión de extranjeros del país afectan “a las relaciones exteriores y deben tomarse con una sola voz”, recordó el gobierno de Biden.
La demanda fue presentada en nombre de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre los republicanos y los demócratas, sumidos actualmente en arduas negociaciones en el Congreso, donde los conservadores han condicionado el visto bueno a un paquete de ayuda a Ucrania a un endurecimiento de la política para frenar la migración.
México, al tanto
El forcejeo político se tensa a medida que se acercan las presidenciales de noviembre.
El gobierno de México anunció que toma nota favorable de la demanda entre los gobiernos federal y estatal del país vecino.
La Cancillería expresó su rechazo ante la implementación de esta medida antiinmigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, anunció la dependencia.
