El tribunal penal del Vaticano condenó a un cardenal italiano de alto rango a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.
El cardenal Angelo Becciu, de 75 años, exasesor cercano del papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas. Se trata del funcionario de mayor rango de la iglesia católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-Estado.
Becciu también fue multado con 8 mil 700 dólares. La fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10 mil euros. “Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación”, dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.
El tribunal explicó que había declarado culpable de malversación de fondos a Becciu porque había ordenado pagar entre 2013 y 2014 un total de 200.5 millones de dólares de los fondos de la Secretaría de Estado a un fondo de inversión “altamente especulativo” liderado por Raffaele Mincione, condenado también a cinco años y medio de prisión y una multa de 8 mil 700 dólares.
El tribunal también declaró culpable al cardenal de pagar unos 136 mil dólares a una cooperativa gestionada por su hermano, así como de haber entregado otros 622 mil dólares a un intermediario por la liberación de una monja rehén en África, pero que nunca se usaron para el rescate.
Asimismo, en el centro del caso está la compra, por 398 millones de dólares, de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, pese a que el papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013, junto con reformas progresistas que han causado la molestia de un ala conservadora en la iglesia.
El pontífice argentino también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no sólo en instancias religiosas.
El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de cárcel de casi cuatro años hasta más de trece, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.
