Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y dónde Georgetown ha autorizado que petroleras extranjeras y locales operen.
Que se proceda “a crear la división PDVSA-Esequibo”, y que de “inmediato procedamos a conceder la licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área”, dijo el mandatario.
Esta media forma parte de un conjunto de anuncios que el mandatario hizo el martes tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que buscó el apoyo popular para seguir con su reclamo sobre la región en disputa.
En el referéndum participaron más de 10.4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral de Venezuela, y más del 95 por ciento estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más del país.
El mandatario propuso elaborar una ley especial para que se discuta “con todos los sectores” establecer “una norma muy firme para prohibir” la contratación con empresas que trabajen en la zona bajo las concesiones otorgadas por Guyana en “el mar por delimitar”.
Propongo (que se le den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar, tres meses”, dijo. “Estamos abiertos a conversar”.
Guyana dio luz verde el pasado octubre a seis empresas petroleras, entre ellas la estadounidense Exxon y la francesa TotalEnergy, para explorar sus costas, lo que provocó una protesta de Venezuela debido a que son “aguas pendientes por delimitar”, y en respuesta convocó al referendo.
Maduro dijo que ahora ejercerá el “poder” que le otorgó el pueblo y propuso también una ley para “la creación de la Guayana Esequiba”, una provincia en la zona disputada con Guyana.
Ordenó además la creación de una “zona de defensa integral de la Guayana Esequiba”, sin explicar mayores detalles, pero que estará ubicada en la población de Tumeremo, estado Bolívar y fronterizo con la zona en disputa.
Asimismo, pidió poner en marchar un plan de “atención social” para la población de la zona en disputa, “así como la realización de un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes”.
