Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con la premisa de que la ágil aplicación de la justicia contribuye a fortalecer la cultura del respeto a la Ley, además de consolidar la eficiencia y la transparencia, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller iniciaron la construcción del Centro de Justicia Cívica.
Ante integrantes del sector privado local, la representante del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Castañeda Agüero, y José Ignacio Lobo Carrillo, Director de Prevención de la Violencia de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), colocaron la primera piedra del edificio que se ubicará en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El Ayuntamiento de Saltillo invertirá más de 10 millones de pesos en el inmueble, que constará de tres salas de audiencias públicas y orales; sistemas de grabación; área médica; evaluación psicosocial; medios alternos de solución de conflictos, y de evaluación del desempeño, entre otras áreas administrativas.
Anualmente, los juzgados atienden a más de 12,500 personas, a quienes hasta ayer los jueces calificadores, que a partir de este miércoles pasan al modelo de jueces cívicos, intervienen en la solución de conflictos que van desde vecinales hasta delitos del fuero común, que son turnados al Ministerio Público para su resolución.
En ese sentido, el gobernador Miguel Riquelme anticipó que a través de los mecanismos alternos de solución de controversias podrán dirimirse múltiples asuntos sin necesidad de que las y los afectados determinen acudir al Poder Judicial.
Asimismo, destacó que conforme se consolide el Modelo de Jueces Cívicos, avanzará la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, además de generar importantes ahorros en tiempos de traslado a instancias judiciales, o bien en la contratación de profesionales del Derecho para la solución de conflictos.
Miguel Riquelme recordó que, como Alcalde de Torreón, impulsó el mejoramiento de la labor que desarrollan los aún conocidos como Tribunales Administrativos, con funciones similares al Centro de Justicia Cívica.
Citó que los jueces cívicos contarán ahora con facultades legales que les permitirán dictaminar resoluciones sobre casos específicos, sin necesidad de que la parte afectada solicite la intervención del Poder Judicial.
En caso de ser así, y con base en una buena coordinación: “El Poder Judicial tomará en cuenta la resolución del Ayuntamiento para resolver en una segunda y última instancia”.
De esta manera los conflictos locales podrán resolverse en forma ágil, estimó el Gobernador del Estado.
El secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos Estrada Flores, detalló el trabajo que realizó la Administración Municipal, en coordinación con USAID-México, para consolidar el paso del Modelo de Jueces Calificadores a Jueces Cívicos.
En tanto, el alcalde José María Fraustro, al reconocer el respaldo del gobernador Miguel Riquelme para que Saltillo destaque en diversos indicadores nacionales, como en seguridad y competitividad, resaltó que las y los jueces que formarán parte del Centro de Justicia Cívica cuentan con la capacitación profesional necesaria para el desempeño de su labor en beneficio de la ciudadanía.
Durante la ceremonia se destacó que USAID promueve la protección de los Derechos Humanos y la prevención de abusos a través de asistencia técnica al Gobierno de México.
Asimismo, se indicó que el Ayuntamiento trabajará en el mejoramiento de las buenas prácticas en materia de juzgados cívicos que se recogieron de diversas localidades del país.
Actualmente se cuenta con 17 jueces cívicos certificados en esta materia por el Programa para la Prevención y Reducción de Violencia (PREVI) de la USAID, para fortalecer las capacidades de gobiernos municipales para mitigar y resolver de manera efectiva la violencia y el delito.
Recibieron también capacitación en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila; en la implementación de medidas de protección, por la Fiscalía General del Estado y el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
Además, 10 de ellos fueron certificados en la implementación de mecanismos alternos de solución de controversias por el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial Estatal, y los siete restantes se encuentran en ese proceso.
