Según reporta Animal Político, la sentencia estuvo motivada por un amparo presentado por varias organizaciones civiles que promueven los derechos reproductivos, y contempla la prohibición explícita de criminalizar por abortos a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar o al personal de salud que las acompañe en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
Establece asimismo que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a interrumpir una gestación –por voluntad o motivos médicos– hasta la semana 12, así como la obligación de prestar el servicio de aborto. Por su parte, el Congreso de Aguascalientes deberá derogar los artículos del Código Civil declarados inconstitucionales, antes de que concluya el período ordinario de sesiones.
Aguascalientes será así la duodécima entidad de los Estados Unidos Mexicanos en aprobar el derecho al aborto. Le antecedieron la Ciudad de México, Oaxaca, Cohauila, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
Fue el caso de Cohauila el que motivó el pronunciamiento de la máxima autoridad judicial mexicana, al establecer la jurisprudencia para que grupos defensores de los derechos de las mujeres y personas gestantes pudieran invocar la inconstitucionalidad de las leyes locales mediante recursos de amparo ante la SCN, para obtener sentencias garantistas del derecho al aborto seguro.
La mayor parte de estas despenalizaciones se produjeron entre 2021 y 2022, a propósito de un fallo histórico de la SCJN que declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que en la mayoría de los casos obligó a las autoridades regionales a adecuar sus legislaciones para no contravenir el dictamen federal.
Aunque diversas organizaciones feministas celebraron la resolución dictada para Aguascalientes, en 20 de los 32 estados mexicanos aún se criminaliza el aborto con penas que van desde multas hasta encarcelamientos.
Asimismo, aunque la despenalización es una realidad en 12 de ellos, las causales aprobadas difieren entre sí y contemplan particularidades contenidas en la legislación local preexistente.
Esto se explica porque México es un Estado federado, lo que le otorga amplio margen de maniobra a los parlamentos regionales para dictar sus propias leyes, siempre y cuando no contradigan la Constitución.
En tales circunstancias, cada una de las 32 entidades que conforman los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un Código Penal propio, modificable sin el concurso de las autoridades centrales, un factor que ha operado tanto a favor como en contra de la lucha por la legalización del aborto.
Así las cosas, aunque algunos estados han optado por hacer letra viva la sentencia de la SCN, otros se han negado a hacerlo e incluso han legislado para consagrar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Además, aunque teóricamente es posible que el Congreso de la Unión sancione una ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con alcance nacional, el tema ha estado fuera de la agenda de la actual legislatura y no figura entre sus prioridades.
Entretanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a hacer comentarios públicos sobre el aborto, asegurando en reiteradas oportunidades que se trata de una decisión que solamente compete a las mujeres.
