En los últimos días, una densa y alarmante capa de humo negro ha cubierto el cielo de la región norte del estado, desatando una oleada de denuncias por parte de ciudadanos y colectivos ambientalistas en redes sociales.
Reportes obtenidos directamente desde el interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirman que la crisis ambiental obedece a un fallo crítico en el sistema de mitigación: los precipitadores electrostáticos de las plantas termoeléctricas han dejado de funcionar, liberando toneladas de contaminantes sin ningún tipo de control hacia la atmósfera.
Las imágenes difundidas por los habitantes muestran columnas ininterrumpidas de hollín emanando de las chimeneas del complejo José López Portillo, el cual opera mediante la quema de carbón. La inoperatividad de los filtros especializados ha convertido el aire de la zona en un riesgo inmediato para la salud pública.
Los precipitadores electrostáticos son, en esencia, gigantescos sistemas de filtrado magnético diseñados específicamente para retener las cenizas volantes y el hollín derivados de la combustión del carbón.
El proceso de un precipitador consiste en dotar de una carga eléctrica a las partículas contaminantes suspendidas en los gases de desecho, provocando que se adhieran a unas enormes placas colectoras antes de que el humo llegue a la punta de la chimenea. En condiciones normales de mantenimiento, un precipitador electrostático tiene la capacidad de retener entre el 98% y el 99% de las partículas sólidas. Al encontrarse inactivos, el complejo está liberando los residuos del carbón de manera directa y cruda al medio ambiente.
El impacto de esta falla operativa es inmediato. Las emisiones visibles no corresponden a vapor de agua, sino a concentraciones peligrosas de partículas de hollín y metales pesados. Al ser partículas diminutas, viajan con el viento, instalándose en los pulmones de los habitantes de Nava y municipios aledaños, lo que incrementa exponencialmente los casos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y asma. Asimismo, los pobladores reportan que una fina capa de polvo negro cubre ya viviendas, vehículos y áreas agrícolas de la localidad.
De persistir esta situación, la operación de la termoeléctrica se encuentra en una situación legal insostenible. Al emitir contaminantes de forma libre, la CFE viola de manera flagrante las normas oficiales mexicanas de calidad del aire —específicamente la NOM-085-SEMARNAT—, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Especialistas en derecho ambiental señalan que, ante una contingencia de esta magnitud, en la que el daño a la salud pública y al ecosistema es evidente y continuo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene la facultad y la obligación de intervenir. De continuar operando bajo estas condiciones negligentes, las autoridades federales podrían aplicar una clausura temporal o el paro técnico de las unidades afectadas. Dicha medida suspendería la generación eléctrica de la planta hasta que la CFE demuestre la reparación total y la puesta en marcha efectiva de los precipitadores electrostáticos.
La ciudadanía y defensores ambientales exigen una postura oficial inmediata por parte de la dirección de la CFE y una auditoría de emergencia para determinar por qué se permitió llegar a este punto de obsolescencia tecnológica.
