El Paquete Económico 2027 reafirma el compromiso de mantener finanzas públicas sostenibles al tiempo que fortalece la inversión productiva y los derechos sociales, detalla el documento entregado por Hacienda
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno continuará con la reducción gradual del déficit fiscal, ubicando los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en 3.9% del PIB, lo que representa una consolidación acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto a 2024.
Metas fiscales y manejo del endeudamiento
La propuesta hacendaria establece un déficit presupuestario de 3.4% del PIB (1,358.6 mil millones de pesos) y un superávit primario de 0.6% del PIB al excluir el costo financiero.
Con estos parámetros, el Saldo Histórico de los RFSP —la medida más amplia de la deuda pública— se situará en 55.0% del PIB, nivel que las autoridades califican como sostenible y por debajo de los promedios proyectados para otras economías emergentes de la región.
- Déficit amplio (RFSP): 3.9% del PIB (vs. 4.1% en 2026).
- Déficit presupuestario: 3.4% del PIB.
- Superávit primario: 0.6% del PIB.
- Deuda amplia (SHRFSP): 55.0% del PIB.
Política de ingresos: Eficiencia sin incremento de impuestos
La política de ingresos contempla alcanzar una recaudación tributaria récord equivalente al 15.9% del PIB, sumando 6,263.9 mil millones de pesos (+5.9% real anual frente al cierre de 2026).
Este incremento se obtendrá sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales, basándose en la facilitación del cumplimiento, la digitalización aduanera y el combate a la evasión y la elusión fiscal.
Entre las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) destacan un mecanismo de control a las deducciones corporativas (limitándolas al 96.67% de los ingresos acumulables para empresas con utilidad), la reducción al 20% en el tope de deducción de intereses netos y reglas estrictas sobre pagos al extranjero.
En contraparte, se proponen incentivos como la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) hasta umbrales de 5 mdp para personas físicas y 50 mdp para personas morales (con tasa opcional de IVA del 7%), un programa de repatriación de capitales al 7.5% de ISR y la tasa 0% de IVA en la enajenación de libros, periódicos y revistas.
Asignación presupuestal: Prioridad al bienestar e infraestructura
El gasto neto total ascenderá a 10,515.1 mil millones de pesos (+0.7% real), del cual el gasto programable absorberá 7,311.1 mil millones.
Dentro de la asignación administrativa, más del 58% de los recursos de los ramos se concentrarán en sectores estratégicos como Bienestar, Educación, Salud, Desarrollo Urbano y Seguridad.
Los programas sociales prioritarios recibirán una bolsa conjunta de 1 billón 25.4 mil millones de pesos (2.6% del PIB), garantizando incrementos superiores a la inflación.
Destacan asignaciones para la Pensión de Adultos Mayores ($543.5 mmp), Beca Rita Cetina ($133.6 mmp), Pensión Mujeres Bienestar ($59.4 mmp) y Salud Casa por Casa ($5.0 mmp).
En materia de desarrollo, las prioridades de inversión sumarán 560.2 mil millones de pesos, destinados a nuevos trenes de pasajeros y carga ($150.9 mmp), obras hidráulicas, proyectos de seguridad y capital operativo para Pemex ($255.5 mmp) y CFE ($61.0 mmp).
